El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas inició el juicio en contra de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor del fatal atropello que provocó la muerte de Juana Elena Mancilla Ovando, una adulta mayor de 79 años. El proceso judicial tiene una duración estimada de tres jornadas consecutivas, instancia donde la Fiscalía de Magallanes solicita una pena total de ocho años de presidio efectivo.

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en la intersección de la Avenida Martínez de Aldunate con Pedro Aguirre Cerda. Según la hipótesis del Ministerio Público, el acusado conducía en estado de ebriedad y sin licencia de conducir cuando embistió a la víctima con su automóvil, arrastrándola por varios metros antes de darse a la fuga sin prestar auxilio ni dar aviso a las autoridades.

Escape internacional y extradición

Tras abandonar el vehículo en el sector sur de Punta Arenas, Díaz Foretich huyó de Chile por un paso fronterizo no habilitado con destino a Bolivia. Su permanencia en la clandestinidad se extendió por casi cuatro meses en Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde finalmente fue detenido por la policía local tras verse involucrado en delitos económicos.

Posteriormente, las autoridades activaron las alertas rojas de Interpol y tramitaron la extradición que permitió traer al conductor de regreso al país para enfrentar los cargos penales, manteniéndose desde entonces bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Rechazo familiar a la estrategia de la defensa

La apertura del debate estuvo marcada por la demanda de justicia de los familiares de la víctima. Carlos Mauricio Mancilla Ovando, hermano de la fallecida, descartó los argumentos legales que buscan atenuar la responsabilidad del conductor basándose en el comportamiento peatonal de la mujer de 79 años al momento del impacto.

"Independiente de que si cruzó mi hermana con rojo, eso no quita el hecho de que el gallo la haya atropellado, la haya prácticamente arrastrado metros, y después darse a la fuga como si nada, como quien mata a un animal", enfatizó el familiar directo durante las primeras declaraciones del juicio.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

La pretensión punitiva del Ministerio Público se divide de manera específica según la gravedad de los delitos consumados que se imputan. Para el cargo de conducción en estado de ebriedad causando muerte, el fiscal Fernando Dobson solicita una pena de tres años y un día de presidio.

A esta sanción se suman otros cinco años de cárcel requeridos por el delito de darse a la fuga sin prestar ayuda ni avisar a la autoridad competente, estipulado en la Ley de Tránsito.

Carlos Mancilla Ovando respaldó los años de presidio exigidos por los persecutores penales. "Nosotros solamente estamos esperando que sea el máximo de pena que pueda tener, porque no puede ser que una persona atropelle a otra y se mande a cambiar no solamente de la ciudad, sino que también del país, salga como si nada", concluyó.