Un definitivo portazo a cualquier posibilidad de alternancia democrática dio el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras anunciar formalmente que el país no celebrará elecciones en el corto ni mediano plazo. Las declaraciones del mandatario sepultan las aspiraciones de la oposición y de la comunidad internacional de abrir un canal de negociación electoral, consolidando la prolongación de un mandato que ya se extiende por casi dos décadas consecutivas.
El pronunciamiento del líder sandinista canceló de facto el próximo proceso comicial, programado originalmente para noviembre de 2027. Cabe recordar que, en enero de 2025, el Congreso nicaragüense —bajo control absoluto del oficialismo— ya había votado una reforma para extender el período presidencial de cinco a seis años.
La declaración se dio el domingo durante el acto conmemorativo del aniversario de la Revolución Sandinista, hito que en 1979 derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza y llevó a Ortega por primera vez al poder. Tras retornar a la magistratura en 2007, el gobernante reescribió la Constitución, proscribió a la oposición política y concentró el control sobre todos los poderes del Estado junto a su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.
En un virulento discurso dirigido contra la administración estadounidense, Ortega descartó de plano la vía electoral:
“Aquí no volverá a haber elecciones. Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás”, enfatizó el mandatario ante sus partidarios.
El gobernante se declaró triunfador en las controvertidas elecciones de 2021 —un proceso calificado de ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y múltiples países de la región— luego de encarcelar a todos los precandidatos opositores con capacidad competitiva.
El anuncio provocó un inmediato rechazo de organizaciones de derechos humanos y líderes exiliados. Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial en 2021 que permaneció encarcelado hasta su desdestierro a Estados Unidos en 2023 junto a más de 200 presos políticos, advirtió que la medida devela la intención explícita de formalizar un régimen de partido único, emulando la estructura estatal de países como China y Cuba.
Por su parte, Tiziano Breda, analista sénior para América Latina de la organización de monitoreo de conflictos ACLED, analizó los factores tras la radicalización del régimen nicaragüense:
“Es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder”, sostuvo el especialista.
La determinación consolida el aislamiento diplomático de Managua y cierra la vía institucional en un país golpeado por la represión política desde las protestas sociales de 2018.