A más de un año de su salida en medio de un paralización de profesores de Punta Arenas, la situación administrativa del exdirector ejecutivo titular del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Mario García, continúa generando controversia tras revelarse el desembolso de fondos públicos vinculado a su figura directiva.
En marzo del año anterior (2025), el profesor de Educación Básica dejó sus funciones ejecutivas luego de protestas gremiales que exigían mejoras laborales. Posteriormente, presentó licencias médicas de forma continuada, mientras la Dirección de Educación Pública (DEP) —encabezada por Rodrigo Egaña— abría un sumario administrativo con el objetivo de destituirlo.
Ante el proceso sancionatorio, García recurrió a los tribunales denunciando un despido injustificado y demandó al Estado por $1.000 millones en indemnización de perjuicios, causa que se mantiene bajo litigio reservado en la justicia.
Pese a encontrarse alejado de la gestión operativa desde hace más de un año, los registros del portal de Transparencia Activa del SLEP Magallanes confirman que el Estado ha mantenido el pago de sus haberes brutos y líquidos hasta el mes de junio:
???? Monto bruto acumulado: La suma total de las remuneraciones asignadas asciende a $106.245.158.
???? Monto líquido percibido: El cálculo acumulado de los sueldos líquidos alcanza los $96.507.830.
???? Renta promedio mensual: El sueldo líquido promedio percibido por el directivo se sitúa en torno a los $6.433.855.
Debido a que la figura legal de Mario García continúa figurando formalmente en los registros institucionales del servicio, la Dirección de Educación Pública se ha visto imposibilitada de llamar a un nuevo concurso de Alta Dirección Pública (ADP) para nombrar a un titular definitivo.
La conducción del servicio local ha estado a cargo del ingeniero comercial Jorge Valdés, quien asumió en calidad de subrogante. De acuerdo con la normativa vigente, Valdés ejerce la totalidad de las atribuciones, potestades y responsabilidades del cargo de director titular mientras no se resuelva el sumario administrativo y la pugna judicial de García con el Estado.