El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Mauricio Andrés Hernández Álvarez (33), imputado por el homicidio calificado con ensañamiento de su compañero de labores, Luis Heraldo Vegas Mella (39).
El hecho se registró a bordo de la embarcación artesanal Alex I, la cual se encontraba fondeada en el sector de Bahía Mansa (kilómetro 52 sur de la capital regional) debido a fallas mecánicas.
De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el crimen ocurrió tras una discusión mientras ambos sujetos consumían alcohol en la cabina de la nave.
En medio de la pelea, el imputado atacó a la víctima a golpes y posteriormente utilizó un cuchillo de cocina con el que le provocó más de una docena de heridas. La lesión mortal correspondió a un corte penetrante en el cuello que provocó un shock hipovolémico.
La fiscal Johana Irribarra detalló los motivos de la formalización: "Se formalizó por el delito de homicidio calificado considerando que existió un ensañamiento, que es causar deliberadamente un dolor mayor a la víctima. Existen al menos 12 lesiones compatibles con esta agresión."
El hallazgo del cuerpo se produjo cuando el patrón de la lancha regresó al lugar tras buscar repuestos en la ciudad, momento en que descubrió al imputado ensangrentado y solicitó la presencia de la Autoridad Marítima y la PDI.
Durante la audiencia de formalización, el abogado defensor público José Cubillos solicitó una medida cautelar de menor intensidad, argumentando que su representado actuó para repeler un ataque inicial: "Él desde un primer momento espera la llegada de la Policía Marítima, presta declaración voluntaria y no desconoce la participación (...). Presentó una fractura nasal y en relación a ello proponemos la concurrencia de esta legítima defensa."
La magistrada a cargo del caso descartó la tesis de la legítima defensa debido a la desproporción de la fuerza empleada y la cantidad de lesiones registradas en los peritajes del Servicio Médico Legal.
Considerando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad —y que además registraba órdenes de detención pendientes por otras causas—, el tribunal ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Punta Arenas y fijó un plazo de seis meses para la investigación.