El Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió una presentación formal de la Fiscalía Regional de Magallanes en la que se confirma de manera oficial que el gobernador regional, Jorge Flies Añón, mantiene la calidad procesal de imputado en una investigación penal en curso. La ratificación del ente persecutor se concretó luego de que el tribunal dictase un apercibimiento de multa por 1 UTM contra el Ministerio Público tras omitir pronunciamientos previos sobre el estatus de la autoridad.

El hito judicial se produjo en el marco de la tramitación de una querella por injurias y calumnias impulsada por el propio jefe regional contra el diputado Alejandro Riquelme y exconsejeros regionales. Fue en esa instancia donde la magistratura exigió al órgano persecutor aclarar la situación procesal de Flies, derivando en el escrito firmado por el fiscal regional Cristián Crisosto Rifo, donde se oficializó el estado de la causa.

La indagatoria, radicada en la Fiscalía Local de Punta Arenas, se encuentra en etapa desformalizada y persigue la hipótesis delictiva de eventual negociación incompatible. La causa tuvo su origen en las acciones penales presentadas por el diputado Riquelme a raíz de presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de la denominada “casa de Mejor Niñez”. En el marco de este proceso, la justicia autorizó la ejecución de diligencias intrusivas que incluyeron la incautación del teléfono celular y el computador del gobernador.

Tras la resolución judicial expedida por el juez Ignacio Javier Low Miranda —que dio por cumplido el requerimiento y dejó sin efecto la sanción económica—, el parlamentario Alejandro Riquelme cuestionó el actuar del Ministerio Público, señalando que existió una reserva desproporcionada en las diligencias intrusivas y llamando a la Fiscalía a aplicar un estándar de transparencia e imparcialidad uniforme para todas las autoridades investigadas en la Región de Magallanes.