La Defensoría Penal Pública en la Región de Magallanes y Antártica Chilena presentó su balance de gestión correspondiente al periodo 2025-2026. La defensora regional, Verónica Reyes Cea, dio a conocer los principales indicadores de la gestión y destacó un hito histórico para la institución: más de 70.000 personas atendidas en la zona austral desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en diciembre de 2002, lo que representa más del 90% de las defensas penales en la región.

Cifras clave de la gestión regional

Durante el año 2025, la Defensoría prestó atención a 3.305 imputados involucrados en 2.820 causas. El perfil de la población atendida se concentró mayoritariamente en hombres (78,5%), mientras que las mujeres representaron el 21,5% de los casos. Respecto de los grupos de atención prioritaria, se asistió a 206 personas extranjeras (6,2%), 121 adolescentes (3,6%) y 113 personas pertenecientes a pueblos originarios (3,4%).

En cuanto a los delitos más recurrentes durante 2025, las causas por lesiones lideraron la estadística regional con 686 casos (17,2%), seguidas por los delitos contra la libertad e intimidad con 649 casos (16,3%) y las infracciones a la Ley de Tránsito con 485 casos (12,2%).

Tendencia al alza en 2026

Al cierre del primer semestre de 2026, la región registró 1.465 causas y 1.640 imputados, lo que equivale a un incremento del 2,81% en comparación con el mismo tramo de 2025. En este periodo, las faltas asociadas a la Ley de Tránsito pasaron al primer lugar de los ingresos regionales con 337 casos, desplazando a las lesiones (309) y a los delitos contra la libertad e intimidad (286).

Territorialmente, la Defensoría Local de Punta Arenas concentró el 81% de los ingresos de la región, seguida por las dependencias de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Esta última sede destacó por alcanzar una tasa de resolución y término de causas del 81,5%.

Debate por la prisión preventiva y autonomía

En el ámbito procesal, la autoridad regional reforzó la postura institucional de evitar la aplicación desmedida de la prisión preventiva, enfatizando que debe regir de forma estricta como de ultima ratio. Para ejemplificar el impacto de esta cautelar, Reyes expuso que entre 2015 y 2025 al menos 42 personas en Magallanes estuvieron privadas de libertad y posteriormente resultaron absueltas en juicio oral.

Asimismo, Reyes reiteró la necesidad de dotar a la Defensoría Penal Pública de autonomía constitucional para equiparar su estatus institucional. "La autonomía no es un derecho de los defensores; es una garantía del derecho a defensa del ciudadano", sostuvo la defensora regional durante la presentación.

Reinserción y vinculación ciudadana

El informe institucional resaltó los avances en programas de reinserción social para mujeres privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, desarrollados junto a Cáritas Magallanes mediante talleres de costura y peluquería. A nivel educativo, la institución destacó la realización de juicios simulados con estudiantes de enseñanza media y capacitaciones prácticas sobre garantías procesales dirigidas a personal de Carabineros, la PDI, la Armada y funcionarios municipales