La Contraloría Regional del Biobío detectó graves irregularidades en el cumplimiento del Período Asistencial Obligatorio (PAO) por parte de dos médicos anestesiólogos beneficiados con becas de especialización financiadas con recursos públicos en el Servicio de Salud Arauco (SSA).

Según el Informe N° 210/2026 del ente fiscalizador, ambos profesionales permanecieron con licencia médica durante más del 90% del tiempo en que debían saldar su compromiso de atención en la red pública de salud, sumando menos de seis meses de trabajo efectivo durante un periodo de seis años.

En el detalle, uno de los especialistas registró licencias por el 95% del tramo obligatorio, cumpliendo funciones solo 108 días de un total de 2.192. El segundo médico presentó reposos por el 94% del tiempo, prestando servicios únicamente durante 133 días.

Viajes al extranjero y labores paralelas

La auditoría determinó que, mientras se encontraban bajo reposo médico, los profesionales realizaron viajes al extranjero y ejercieron actividades laborales paralelas en instituciones públicas y privadas.

En uno de los casos, la Contraloría constató que el 52% de las licencias médicas presentadas fueron emitidas por la cónyuge del médico, periodo en el cual el profesional registró 12 viajes al extranjero. Los antecedentes de este hecho fueron remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y a la Fiscalía Local de Lebu.

Montos sin recuperar y cobros pendientes

El informe de la Contraloría reveló además fallas en la gestión financiera del Servicio de Salud Arauco, al constatar que el organismo no acreditó el cobro de más de $2.046 millones en garantías, aranceles y estipendios a profesionales que incumplieron sus obligaciones o fueron desvinculados de sus especializaciones. La fiscalización evidenció escaso avance y falta de seguimiento judicial en los cobros.

Ante los hallazgos de la auditoría, el Servicio de Salud Arauco confirmó la destitución de ambos médicos y el inicio de acciones administrativas y judiciales para determinar los perjuicios económicos y recuperar los fondos públicos.