El ascenso de Marcelo Muñoz del puesto de vicepresidente de la asociación gremial de usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas, la Cámara Franca, a presidente del organismo se da en un contexto de lenta decepción. Las esperanzas, al inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría y del período de Jorge Flies como intendente de Magallanes, eran que pusiera fin a lo que el gremio ha llamado “un manto de protección” a irregularidades e incumplimientos en que, denuncian, ha incurrido la actual empresa administradora del recinto, la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI). Cerca de cuatro meses han pasado, y las esperanzas se van acabando. 

“Se lo hemos planteado al actual intendente: creemos que siempre existió protección a SRI, que fue transversal en el espectro político”, dice Muñoz. “Lamentablemente, hoy día, no vemos que ese manto de protección haya desaparecido”. 

- Ustedes se han reunido con Flies y con otras autoridades del Gobierno Regional. ¿Les parece que hay una actitud distinta a las administraciones anteriores? 

“Nosotros vemos una actitud muy colaborativa de parte del intendente, de mucha cordialidad, pero no así de otros personeros del GORE, que han hecho declaraciones poco afortunadas”. 

Entre esas autoridades, el dirigente gremial cuenta al seremi de Hacienda, Christian García, quien ha insistido en que el contrato de licitación “es entre el GORE y SRI” y que las decisiones sobre él “son privativas del intendente”. 

“Él dice que el informe de Contraloría no es vinculante. Nosotros hemos tenido una reunión con él, que fue bastante ácida. Parece que él no se sitúa en lo que es un contrato de derecho público: según él, todos los contratos son interpretables, y esto está dentro del derecho público. Los contratos se deben cumplir a la letra”.