Nada hace presagiar que la discusión del proyecto de Modernización Tributaria será tranquila. Por el contrario, los diversos actores políticos, sociales y empresariales ya tomaron posiciones y se disponen a apoyar, rechazar o modificar, a partir de marzo próximo, el que es considerado uno de los principales compromisos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo con lo que se ha planteado desde el Ejecutivo, su objetivo es actualizar el sistema tributario chileno, de manera que sea una herramienta moderna que permita enfrentar los desafíos de este siglo.

El proyecto de Modernización Tributaria (MT) que ingresó al Congreso en agosto del año pasado es uno de los principales compromisos del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Su objetivo es actualizar el sistema tributario chileno, de manera que pueda enfrentar los desafíos que propone el siglo XXI, y según se ha definido desde el Ministerio de Hacienda, sus ejes son incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro, y el empleo; hacer el camino más fácil a las pymes y a los emprendedores; respetar la equidad vertical y restituir la equidad horizontal; otorgar certeza jurídica y hacer predecible la ley para todos los contribuyentes; incorporar la nueva economía digital; modernizar la relación del contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos (SII); y resguardar los equilibrios fiscales.

Hace unos días, previo a la finalización del año legislativo, se reunieron una vez más los equipos técnicos de la oposición y el Ministerio de Hacienda, con la finalidad de destrabar la votación de la idea de legislar, que quedó para el próximo mes.

En la argumentación del proyecto, el think tank Libertad y Desarrollo (LyD) publicó un documento que intenta derribar los puntos que la oposición acordó transversalmente defender como ejes básicos para las negociaciones.

Entre esos puntos, los intransables apuntan a mantener la recaudación tributaria, por el impacto que tiene la reintegración del sistema (US$800 millones menos de recaudación) compensado con los US$1.181 millones que el Ejecutivo sostiene que vendrán de la boleta electrónica; no retroceder en la progresividad del sistema tributario; mejorar el sistema tributario de las pymes, manteniendo el régimen actual del 14 ter; y crear nuevos instrumentos tributarios en materia regional.

Entre los puntos más importantes de la argumentación de LyD, se plantea que el proyecto “contaría con financiamiento asegurado, por lo que no sería necesario recurrir a fuentes alternativas” como el impuesto a las rentas más altas; que no se retrocede en progresividad; y que el régimen pyme del 14 ter vigente no es suficiente para beneficiar a las pymes, por lo que es necesaria la Cláusula Pyme del proyecto del Gobierno.

Principios DC

El fin de semana pasado visitó Magallanes el secretario nacional de la Democracia Cristiana (DC), David Morales, y expuso a Diario El Pingüino la posición de su partido respecto del proyecto oficialista.

Morales planteó que “estamos dispuestos a legislar en la medida que el Gobierno se abra a modificar el proyecto. Y qué hicimos, armamos un equipo que lleva cuatro meses funcionando y lo integran economistas de la talla de Alejandro Foxley, Ricardo Ffrench-Davis, José Pablo Arellano, la coordina Jorge Rodríguez Cabello, hay una serie de abogados tributaristas importantes, está el exministro Luis Felipe Céspedes y el exsubsecretario Alejandro Micco, que fue uno de los autores de la Reforma Tributaria del gobierno de Bachelet. Este equipo arrojó un informe de 142 páginas, luego de lo cual nos hemos sentado a conversar con el Gobierno para decirle: esto es lo que queremos”.

Morales relató que “nuestra propuesta dice que más que movernos por instrumentos específicos respecto de la integración y del retiro, nos vamos a mover por principios. El primero es que la reforma no disminuya la recaudación, sino que la aumente, y tenemos una estadística que establece que el proyecto más que recaudar más tributo, va a recortarlo, sobre todo en el grupo de empresas de gran tamaño. El segundo es que se respete el principio fundante de la reforma del gobierno de Bachelet, que es que aquellos que tienen más, paguen más impuestos.

No estamos disponibles para que las modificaciones al régimen tributario lo que hagan es que todo lo que se deje de recaudar de las grandes empresas, lo termine pagando la clase media a través del aumento del IVA. Tercero, no estamos disponibles para que se reduzcan las tasas de fiscalización del SII y las atribuciones de los Tribunales Tributarios. Por último, el cuarto principio es que las medidas que se tomen deben ser pro crecimiento”.

Simplificar

El economista magallánico Manuel José Correa sostiene que la modernización tributaria que plantea el Gobierno no apunta a “reformar la Reforma Tributaria” de Bachelet, la cual generó enormes controversias, desincentivos al crecimiento económico y una maraña de disposiciones que ni los mejores contadores ni el propio Servicio de Impuestos Internos, a pesar de sus decenas de instructivos, logró aclarar.

“Los objetivos son diametralmente distintos; por un lado, si la Reforma Tributaria de Bachelet buscaba aumentar la recaudación fiscal echándole mano al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias), que se calculaba en su histórico en más de USD250.000 millones, con el fin de financiar la reforma educacional, en cambio, la Modernización Tributaria de Piñera pretende incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro y el empleo”, reflexionó.

De acuerdo con la argumentación de Moreno, “los elementos pro inversión están enfocados para que las empresas puedan reconocer mayor gasto en la etapa inicial de sus proyectos, que normalmente es cuando la empresa adquiere activos tales como maquinarias. De este modo, las empresas podrán reconocer como gasto el 50% del valor de los activos fijos, y el 50% restante será bajo la depreciación acelerada”.

No obstante lo positivo de lo anterior para atraer inversión, “me temo que mientras no se subsane la condiciones de seguridad, que es exógena a los proyectos, no tendrá mayor impacto en dicha región. También, la rebaja de 45% del IVA para la construcción de viviendas para la clase media debería redundar en reducción de precios de las propiedades afectas a este crédito especial. Claramente, esta medida conjugada con la fortaleza del mercado laboral y competitivo acceso al créditos hipotecarios, incentivará que la clase media pueda acceder a viviendas entre 2.000 y 4.000 UF”, indicó.

En los aspectos pro pyme, continúa Moreno, “la MT busca simplificar la contabilidad de las mismas, así como rebajar en dos puntos (27 a 25%) la tasa de impuesto sobre utilidades. Uno de los aspectos más interesantes, se refiere al sistema para pymes (14 ter) que obliga a los socios a pagar siempre por la totalidad de los ingresos, aunque los reinviertan en la empresa”.

Asimismo, adelanta que “sin duda, los detractores de izquierda criticarán estas medidas y repetirán los argumentos que justificaron la Reforma Tributaria, pero en realidad aquí se abre una posibilidad para que empresarios mantengan utilidades en las empresas, lo cual les permite mejorar su disponibilidad de CT (capital de trabajo), por ende, financiar su operación e inversiones a menor costo”.

Respecto de la nueva Defensoría del Contribuyente que crea la MT, que debe velar por el respeto y observancia de los derechos del contribuyente en su relación con el SII, junto con incentivar el cumplimiento tributario, llevando a cabo labores de orientación a los contribuyentes, el economista magallánico enfatiza que “teniendo hoy un SII que es juez y parte, la Defensoría del Contribuyente debe ser dotada de las atribuciones e independencia suficientes para que efectivamente logre ser un contrapeso real a las determinaciones, en muchos casos, arbitrarias del Servicio.

Es de esperar que no sea un mero Sernac, que en su última línea señale que ante una no respuesta de SII, la Defensoría no tiene ninguna potestad, y los esforzados contribuyentes que cumplen honradamente con sus obligaciones solo tengan que recurrir ante tribunales para defenderse de injustas sanciones de SII”.

Semántica

En tanto, el exbiseremi de Economía y Hacienda de la administración pasada, Christian García, es tajante al afirmar que “el proyecto de ley presentado por el Presidente Piñera no guarda relación con el mensaje que lo acompaña”.

García dice que “si uno analiza los fundamentos que esboza el Ejecutivo para defender la idea de modernizar la legislación tributaria, estos corresponden a dar una mirada de futuro para un Chile que busca el desarrollo integral, sustentable e inclusivo, con reglas claras y certeras; acompañado de principios en los que se funda e inspira el proyecto. Tales principios corresponden a la equidad y justicia en la distribución de los tributos; simplicidad en las normas y procesos tributarios; certeza y seguridad jurídica; competitividad; estabilidad; y suficiencia, a fin de hacer frente a los gastos del Estado”.

El exbiseremi dice que “al desenmarañar el texto del proyecto de ley, se aprecia que el principio de equidad y justicia en la distribución de los tributos, es entendido como rebaja de impuesto para los propietarios de las empresas más grandes y aumento de la carga impositiva para la clase media, pues se pretende integrar el sistema de renta, que en términos muy simples, significa que los principales accionistas de los conglomerados empresariales determinarán menos impuestos, mientras que aquellos que usen servicios Uber o Netflix, tendrán que comenzar a pagar tasas que en la actualidad no existen”.

A lo anterior, prosigue, “se suma la boleta electrónica, que si bien es cierto apunta a disminuir la evasión tributaria, es un control que se ejerce sobre el pequeño comercio y no sobre las grandes empresas, estas últimas, reguladas por las normas anti elusión que Piñera pretende eliminar”.

Sobre las críticas que apuntan a simplificar el sistema, señala que “todos los sectores estaremos de acuerdo que mientras menos engorroso sea el proceso de determinar los impuestos, mucho mejor, pero el detalle radica en que no se está simplificando el sistema, sino que se está volviendo a aquel que imperaba antes de la Reforma Tributaria de Bachelet, que tampoco era simple”.

Asimismo, sostiene que la certeza y seguridad jurídica es un principio presente en todos los actos de la Administración del Estado, lo que nos diferenciaría de los populismos latinoamericanos. Sin embargo, expresa, “certeza y seguridad jurídica, no son sinónimo de barato y simple, pues tal como vimos con el contrato de concesión de Zona Franca –que ahora paga un precio en términos absolutos, mucho mayor que en el pasado– la certeza y la seguridad jurídica tienen que ver con reglas claras, aunque sean más onerosas. La incertidumbre es no saber cuánto cuestan las cosas, no que las cosas sean baratas o caras. La certeza tiene que ver con saber que lo que se hace está correcto, no en obligar a la Administración a que lo que hago como particular sea siempre lo correcto”.

En cuanto a la competitividad y estabilidad, dice que no hay que olvidar que las inversiones se hacen cuando el ambiente para realizar actividad económica es saludable. “De nada sirve que los factores productivos sean baratos si no existe abundancia de ellos, continuidad en su suministro y un clima social que no acarree constantes paralizaciones y conflictos. Otra vez me debo remitir a lo que aconteció con Zona Franca: hoy los usuarios pagan tarifas más caras que antes, pero hay estabilidad para que se respeten sus inversiones y puedan proyectarse en el largo plazo, siendo todavía competitivos respecto de las grandes tiendas que no operan dentro del recinto franco. Chile necesita estabilidad, que va acompañada del suministro de las prestaciones sociales por parte del Estado. También se requiere competitividad, pero ello estará dado por la calidad y especialización de su capital humano y no porque los impuestos sean una ganga”.

Sobre la suficiencia para hacer frente a los gastos del Estado, su diagnóstico es que “los gastos del Estado bajarán porque se han ido desmantelando obras emblemáticas para las regiones, como el Centro Antártico Internacional, la dársena y el estadio techado”, concluye García.

Razones de Corbo

Sobre este tema, el reconocido economista Vittorio Corbo escribió en El Mercurio que “hay una buena oportunidad en el intento del Presidente de llevar a cabo una modernización del sistema tributario, que recaude un monto similar al actual, pero con menos distorsiones, con un menor sesgo contra la inversión y el crecimiento, con un menor costo de cumplimiento, con menos posibilidad de elusión y que, en el margen, mejore la distribución del ingreso”.

Para ello, sugiere Corbo, “lo recomendable es volver a la integración plena del impuesto corporativo y el personal. Con respecto a la base de la tributación, esta debiera ser sobre utilidades distribuidas para así promover el ahorro y la inversión, sea esta en la misma empresa o en la economía en general”.

@JoséBenítez