Ayer en dependencias de la Contraloría de Punta Arenas, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, rindió la cuenta pública en su cuarto año de gestión al mando del Ministerio Público regional. Los datos más relevantes se entregaron ante la presencia de diversas autoridades, entre ellas el intendente de Magallanes, José Fernández, y con la presencia del fiscal nacional Jorge Abbott.

Respecto de los delitos sexuales, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, dijo que tuvieron un aumento del 33% respecto al año anterior, siendo uno de los porcentajes más altos a nivel nacional, superando incluso en casi 50% el promedio nacional. “El año 2019 fue muy complejo donde tuvimos un aumento en delitos sexuales comparado con el año anterior, eso es un llamado de atención en la prevención. Un 10% más en los delitos de violencia intrafamiliar. Buscamos mejorar nuestros porcentajes en imputados desconocidos, dos de cada tres robos en delitos contra la propiedad no son identificados. Por esto es que debemos tener una persecución más eficiente y el llamado es mejorar la calidad de órdenes de investigar, y mejorar la calidad del trabajo de las policías. La comunidad nos llama a mejorar estas circunstancias y quizá tener metas comunes con las policías”.

En relación al estallido social y el aumento de investigaciones por los delitos cometidos por los manifestantes, el representante del Ministerio Público indicó que “a raíz de las manifestaciones se incrementó la cantidad con 540 controles de detención con un aumento de 49% que antes no teníamos producto de esta coyuntura. Al día de hoy tenemos varios casos resueltos como el incendio de la AFP Hábitat, donde un sujeto quedó privado de libertad, como se han ido cerrando casos para judicializar cada uno de los hechos investigados”.

Durante 2019, se recibió en la región un total de 11.146 denuncias. Los delitos más recurrentes denunciados fueron los delitos económicos y tributarios con 1.718 casos; las lesiones con 1.606 denuncias; los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con 1.236 delitos; los hurtos con 1.022 casos; y los delitos de la ley de tránsito con 946 casos, representando estos 5 delitos el 55,7 por ciento de la totalidad de las denuncias ingresadas.

Los que registraron las alzas más importantes respecto de 2018, fueron los delitos funcionarios con 71,4% (de 28 a 48 casos); los Homicidios (consumados, frustrados, tentados) con 60 por ciento (de 10 a 16); los delitos económicos con un 42,9 por ciento, siendo este, el mayor aumento en cuanto a número de ilícitos con 516 (de 1.202 a 1.718 denuncias), y finalmente los delitos de la ley de drogas, con un 40,4 por ciento (de 156 a 219 denuncias).

Las denuncias regionales, en los delitos de mayor connotación social, presentaron una leve alza, de un 6,2 %, inferior al aumento general de los delitos en la región, de un 13,5 por ciento, con un total 11.301 casos finalizados en la Región.

En 53% de los casos se aplicaron salidas judiciales, correspondiendo las sentencias y salidas alternativas al 33%. Por otra parte, las sentencias condenatorias alcanzaron el 21%, siendo además el valor más alto alcanzado por la región en este indicador, desde que está en vigencia el actual sistema penal.

Respecto de los términos no judiciales, los Archivos Provisionales alcanzaron el 38 por ciento, siendo unas de las cifras más bajas del país.

Campos afirmó que la Fiscalía participó regionalmente en 134 juicios orales en el tribunal Oral en lo Penal, de los cuales 103 correspondieron a Punta Arenas, 21 a Puerto Natales, 9 a Porvenir y 1 a Puerto Williams. De ellos, en 90 % de los juicios se obtuvo una sentencia condenatoria.

Catorce mil 943 víctimas y testigos ingresaron al sistema, de ellas 1.690 personas fueron derivadas a atención especializada de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, lo que implicó un aumento de 12% en relación al año 2018.

Indicó que Fiscales y funcionarios tuvieron participación en más de 250 capacitaciones impartidas tanto en la región como en el resto del país y el extranjero, las cuales se vincularon con temáticas del ámbito jurídico, litigación oral; atención a usuarios; administración y finanzas; gestión e informática y Recursos Humanos, entre otros.

“Todas las reestructuraciones y ajustes aplicados han permitido lograr el mejor resultado en gestión en los 17 años del actual sistema penal en la región”, concluyó el fiscal regional.