Hasta ayer, la polémica querella criminal que presentó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de la Ley Sobre Seguridad Interior del Estado y demás ilícitos, no ha sido retirada. Como lo anunció el subsecretario Rodrigo Ubilla cuando se firmó el acuerdo que permitió deponer la movilización por el alza del gas.
Como no hubo desestimiento el Juzgado de Garantía remitió la querella al Ministerio Público. El fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, confirmó que la recepcionaron y que frente a este escenario tienen la obligación de investigar los hechos expuestos por el Ministerio del Interior y nombrar un fiscal, que tendrá a su cargo esta responsabilidad.
Querella
La querella está firmada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, debido a que en su calidad de titular del Interior debe velar por el mantenimiento del orden y seguridad pública del país. Para estos efectos invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado. El fiscal regional explicó que la querella se investiga como cualquier otra, la diferencia radica en que al invocarse la mencionada normativa legal, “de configurarse los hechos descritos, la penalidad es mucho más alta”.
La querella es por los hechos ocurridos a partir del 11 de enero, “cuando se inició una paralización, interrupción y obstaculización concertada de distintas actividades comerciales, industriales y de servicios públicos o de utilidad pública en la Región de Magallanes, convocada por distintos entes y asociaciones regionales, en atención a eventuales alzas del precio del gas”. A partir de esta fecha se ejecutaron una serie de actos que derivaron en graves alteraciones del orden público, “afectando el normal funcionamiento de las actividades comerciales, el turismo y la industria en la región”. Asimismo se produjeron interrupciones en el tránsito de vehículos, mediante bloqueos totales y parciales de carreteras. Se colocaron barricadas y se incendiaron distintos objetos, “lo que impidió el normal desplazamiento y acceso a diversos lugares de la región, como aeropuertos, terminales portuarios, carreteras, autopistas, puentes y propiedades en general”.
El ministro del Interior pide que se investigue el bloqueo a las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y el sector de Torres del Paine, porque esto afectó el normal desplazamiento de los ciudadanos y la provisión y abastecimiento de alimentos, bienes esenciales y combustible para la población. También la entrada principal del muelle Prat, lugar de arribo de embarcaciones comerciales y cruceros, y el ingreso oriente del Centro Comercial Mall Pionero. En Porvenir se bloquearon las rutas Y-71 e Y-269, las que conectan esta ciudad con San Sebastián y el aeródromo, así como también se restringió el acceso al terminal marítimo de Bahía Chilota, que permite la conexión marítima con Punta Arenas.