Luego de que se acusara a la parlamentaria independiente de recibir $ 25 millones de parte de Corpesca, el presidente de la instancia dijo que si el caso lo amerita, ésta será citada por la comisión. La comisión de Ética de la Cámara, analizará la situación de la diputada independiente Marta Isasi, quien fue acusada por su ex asesor, Georgio Castillo, de haber recibido $ 25 millones departe de Corpesca en 2009 para su campaña.
Según confirmó el presidente de la instancia, el diputado Patricio Vallespín (DC), esta es una “situación preocupante y tendremos que analizar la responsabilidad de la denuncia, el rigor de los antecedentes presentados y sobre esa base analizar la situación en la comisión”.
Asimismo, el parlamentario en conversación con el canal “24 Horas”, explicó que en caso de que sea pertinente y haya antecedentes serios sobre el caso, se citará a Isasi para que se presente ante la comisión y pueda dar su versión de los hechos.
“Sin ninguna duda hay pruebas de que efectivamente recibió esa cantidad de recursos que se dice, podría haber afectado lo que dice claramente el código de ética de actuar siempre con objetividad e imparcialidad en su decisión y eso sería un tema a arreglar”.
Esto dado que la independiente reconoció que en 2012 votó la nueva ley que regula a ese sector pesquero y que efectivamente recibió recursos por parte de Corpesaca, aunque no por el monto señalado por su ex asesor.
De esta forma, Vallespín aseguró que la idea es que la diputada “nos entregue los antecedentes de qué tipo de aporte estamos hablando, porque ciertamente que si no tienen ninguna base vinculada a algo que tenga que ver con la comunidad. A mi modo de ver, sin conocer el detalle de los antecedentes, había sido mucho más razonable que se inhabilitara de participar en la discusión” sobre esa ley de pesca.
En caso de que fuera pertinente, la comisión tendría que actuar de oficio y revisar todos los antecedentes, escucharla a Isasi y después aplicar alguna sanción o no. Éstas podrían ser de carácter administrativo; como el llamado al orden o la censura, las cuales van asociadas con multas que van desde el 15% de su dieta parlamentaria, según la gravedad de los hechos.