En la zona más austral del país fueron sembradas 12.773 minas terrestres desde la década de 1970 y se intensificó en la previa al conflicto bélico con Argentina. Hasta hoy, según la Comisión Nacional de Desminado, se han eliminado 9.108. Los tiempos han cambiado. Atrás quedó la época en que nuestros países destinaban altos recursos económicos y humanos para la defensa nacional a fin de estar preparados ante cualquier amenaza externa. Ello se masificó en la década de 1970, especialmente previo al conflicto bélico con Argentina.
Las estadísticas de la Comisión Nacional de Desminado señalan que en Magallanes se sembraron 12.773 y que hasta hoy han sido destruidas 9.108, lo que equivale al 70% (ver infografía).
Desminado
En 1997, Chile ratificó la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, conocida como Convención de Ottawa, con el objetivo de poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por minas antipersonales que han matado y mutilado a cientos de personas.
Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, en agosto de 2002 se creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), con la meta de elaborar y desarrollar un plan de acción tendiente a eliminar completamente las minas antipersonales dispuestas en Chile, principalmente en zonas fronterizas como Arica y Magallanes.
Actualmente, en Chile se han destruido 79.485 minas de un total de 181.814 declaradas ante organismos internacionales, lo que representa un 44% de avance.
“Vamos a un ritmo de un 10% anual en la cantidad de minas destruidas, lo que nos permite pensar que cumpliremos la meta de liberar todo el territorio en 2020 y certificarnos como país libre de minas antipersonales”, señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, coronel Juan Orlando Mendoza, informó La Tercera.
Islas australes
Hace poco más de un año, miembros del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (CIDHG), llegaron hasta la isla Picton para visitar en terreno los trabajos que desarrolla la Partida de Operaciones de Minas Terrestres (POMPA) de la Armada de Chile, donde por primera vez su director Stephan Husy llegó a la zona.
“Chile mediante su política de Desminado Humanitario, la cual incluye capacitaciones y adquisición de equipos tecnológicos, se ubica en un alto nivel dentro de los procesos de desminado. Un ejemplo de ello, ha sido la adquisición del Management System for Mine Action (IMSMA), un software desarrollado por el CIDHG que funciona como base de datos para almacenar la información del estado de avance que Chile realiza en desminado”, comentó Husy en aquella oportunidad.
En febrero de 2013, la Armada, luego del cierre de los campos en isla Hornos y la certificación de dos campos minados en isla Picton, la institución ha logrado destruir 455 minas, y por primera vez comenzó los trabajos en el primer campo sembrado con minas tipo M-16 (Caracterizada por levantarse a una altura de aproximadamente un metro antes que se accione la carga principal de la mina, la M-16 puede producir muertes en un radio de 35 metros), neutralizando 57 de 651 que se encuentran esparcidas en esa localidad.
El proceso de detección, neutralización y destrucción de la M-16 es más complejo respecto a la M-178, mina que Chile instaló como estrategia defensiva entre 1978 y 1983 en las islas del canal Beagle, en el marco del conflicto con Argentina.
Víctimas y leyes
A pesar de todo el trabajo que se viene realizando para eliminar definitivamente los artefactos explosivos en el país, recién en septiembre del año pasado se ingresó un proyecto de ley al Congreso para establecer una reparación económica a los 140 afectados, fallecidos o mutilados de accidentes relacionados con minas antipersonales.
“Desde 1970 y hasta el 1 de marzo del año en curso, según antecedentes que obran en poder de la Comisión Nacional de Desminado, creada por el decreto supremo N° 2200/79 de 2002, del Ministerio de Defensa Nacional, 140 personas han fallecido o sufrido lesiones o heridas corporales como consecuencia de la explosión de minas terrestres o de explosivos militares sin detonar. De ellas, 16 civiles y 12 militares fallecieron en esos accidentes, y 40 civiles y 72 militares resultaron lesionados”, señala el proyecto presentado ante la Cámara de Diputados y agrega que “si bien estas personas actualmente reciben algunos beneficios por parte de la Comisión y del sistema de seguridad social de nuestro país, resulta necesario establecer una legislación que entregue las herramientas y recursos para asistir, dentro de las posibilidades del Estado, tanto a las víctimas que sufrieron este tipo de accidentes, como a quienes en el futuro puedan resultar accidentados”, expresa la iniciativa legal enviada por el Ejecutivo en agosto de 2013.
Sin embargo, el presidente del centro Zona Minada, Elir Rojas contó que los afectados por accidentes con minas antipersonales “no fueron convocados a participar en la redacción del proyecto”.
“El proyecto debe reformularse, y considerar un bono único y parejo para todos, una pensión vitalicia y becas de estudio”, comenta el vocero de la organización.