Más de 40 días en paro llevan los funcionarios del Centro de Reclusión Cerrado (CRC) de San Bernardo como forma de protesta ante la instalación de un Centro de Internación Provisoria (CIP) en las dependencias del lugar, debido a los “costos técnicos, de personal e infraestructura” que podría significar la atención de un mayor número de menores en el hogar.
En el recinto de San Bernardo se atienden actualmente entre 75 y 80 jóvenes condenados por diversas infracciones a la ley por lo que la llegada de nuevos menores bajo una modalidad de atención distinta, podría impactar en una sobrepoblación. Estos serían trasladados desde el CIP de San Joaquín.
“Nosotros nos hemos especializado en trabajar en un CRC, que es sólo para condenados, y hoy la instalación de un CIP en la misma instalación que tenemos hoy, para nosotros tiene un costo técnico, de personal e infraestructura, importante”, explicó el presidente provincial de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) de Maipo, Víctor Martínez.
El rechazo mantiene a unos 160 funcionarios movilizados, que realizan turnos éticos para atender a los menores.