El informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, ha generado amplio rechazo en el mundo gremial, especialmente en Magallanes, la cual es la tercera región con más casos en el país, mientras que entre las instituciones más cuestionadas a nivel nacional se encuentra la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) con más de 2.200 licencias asociadas a movimientos internacionales.

En tal sentido, Damián Hurtado, Alicia Aguilante y Rosa Ana Menéndez, presidentes regionales de las asociaciones gremiales Fenpruss, Colegio Regional de Profesores y Aprojunji respectivamente, compartieron con la prensa sendos comunicados públicos donde como gremios repudiaron enfáticamente el mal uso del instrumento.

Desde la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss Magallanes) señalaron: “Rechazamos enfáticamente cualquier uso indebido de licencias médicas... afecta la probidad en el ejercicio de la función pública y daña la imagen de quienes día a día sostienen el sistema público de salud”. Exigieron que las investigaciones se realicen con respeto al debido proceso y sin estigmatizar al conjunto de los trabajadores.

En la misma línea, el Colegio Regional de Profesores, manifestó “su más enérgico rechazo y desaprobación frente a estas prácticas absolutamente impropias”, señalando que el uso fraudulento de licencias “constituye un acto de corrupción encubierta que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”.

Asimismo desde Aprojunji, lamentaron que se instrumentalice la situación para estigmatizar al conjunto de trabajadoras que cumplen con vocación y compromiso. “Recibimos los sueldos más bajos de la administración pública. También esperamos que se visibilicen los abusos del Estado hacia sus trabajadoras. Si se exige probidad, también exigimos justicia”, sostuvo.

Añadieron que “sobreexponer a Junji sin el debido contexto genera un daño irreparable a la imagen institucional y vulnera la dignidad de miles de trabajadoras”.

Los tres gremios coincidieron en llamar a investigar con celeridad, castigar a quienes cometieron faltas, pero proteger a la mayoría honesta y fortalecer mecanismos que aseguren transparencia, sin caer en generalizaciones ni juicios mediáticos anticipados.