Una receptora judicial de Punta Arenas procederá, al mediodía de hoy, a hacer efectivo el embargo de bienes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), como apremio para que se cancelen los siete millones de pesos que por daños debe cancelar a un ganadero de Tierra del Fuego.
La medida iba a hacerse efectiva en el curso de la tarde de ayer, pero la receptora judicial determinó que procedería a suspender el procedimiento porque, a través del abogado Eduardo Burgos, representante de la parte demandada en forma solidaria  (Sociedad El Tattersall) junto al SAG, le hizo llegar un cheque por la suma de 5,7 millones de pesos, correspondiente a una liquidación tribunalicia de junio pasado.
Ese monto no fue aceptado por la parte demandante, representada por los abogados  Cristián Gómez y Bárbara Castro, ya que no sólo está desfasado en su monto real sino que, además, obvia el pago de costas por el juicio que los demandados perdieron.
Por lo tanto, explicó la abogada Bárbara Castro, del estudio jurídico C & G Abogados, se reiteró el embargo y esta diligencia se realizará al mediodía de este miércoles.
De acuerdo con los antecedente entregados por el ganadero fueguino Mladen Tadic, en noviembre del año 2014, un vehículo de propiedad de El Tattersall que trasladaba al funcionario Claudio Arriagada y a otra persona, colisionó la camioneta de Tadic en la que viajaba su hijo y una acompañante.
La colisión se produjo al interior de la estancia San Jorge, distante 25 kilómetros de Porvenir, en un sector de curvas y cuando el vehículo de los demandados se desplazaba a una velocidad excesiva y evidenciaba una conducción imprudente, según se probó en el juicio.
El accidente dejó dos personas heridas;  la camioneta de Tadic quedó, literalmente, destruida, los responsables siguieron viaje y, ante esos hechos, el ganadero fueguino inició acciones legales en Punta Arenas.
Finalmente, la justicia determinó la responsabilidad de los ocupantes de la camioneta de la sociedad El Tattersall y ordenó, finalmente, el pago de siete millones de pesos, como indemnización y costas.
Por su parte, Claudio Arriagada fue sometido a un sumario administrativo por la jefatura del SAG, incoado por la directora regional, María Isabel Sánchez, al final del cual este funcionario resultó absuelto y sigue trabajando en esa repartición del Ministerio de Agricultura.-