La decisión del Gobierno de caducar cuatro concesiones acuícolas de la empresa Nova Austral en Cabo de Hornos, provocó un vendaval.

La empresa denunció la escandalosa falta de un debido proceso “incluso con consecuencias internacionales”, advirtió, y falta de transparencia. Se abrió un reguero de acusaciones entre los diversos actores, mientras que la propia comunidad local se muestra dividida. De los dos consejeros regionales de la provincia Antártica, uno se declara férreo defensor de la industria acuícola; el otro apoya su erradicación.

Hoy está prevista una movilización de apoyo a las salmoneras y la minería del carbón, en Punta Arenas. Un nuevo conflicto del Beagle está desatado.

CADUCACIÓN

La semana pasada, la seremi de Economía, Natalia Easton, informó que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas confirmó la caducidad de las cuatro concesiones que la empresa Nova Austral mantiene en el canal Beagle. Según explicó, la medida se adoptó luego que un sumario interno de la Subsecretaría de Pesca determinara que, efectivamente, en este caso “había causales de caducidad”, aseveró.

Estas causales decían relación con el tiempo transcurrido desde que las concesiones fueron otorgadas por el Estado y el momento en que, efectivamente, se quiso hacer uso de ellas. En términos simples, las concesiones ya estaban vencidas. “Cuando nosotros adquirimos estas concesiones, a fines del año pasado, todos los organismos pertinentes nos indicaron que estaba todo en regla”, aseveró el gerente regional de Nova Austral, Drago Kovacic. Pero un sumario de la Subpesca sostuvo lo contrario.

NOVA AUSTRAL

Nova Austral, sin embargo, declaró que se enteró por la prensa de esta drástica medida, en una situación a todas luces irregular, denunció. “La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas debe notificar al afectado y dar la posibilidad de defenderse. Luego de eso, debe resolver si corresponde o no caducar. Pues en este caso, nadie nos ha notificado, ni hemos tenido derecho a defendernos, lo que es absolutamente ilegal e irregular”.

La empresa agregó que “se supone que en Chile existe igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso. Esto es completamente irregular, en plazos anormales y saltándose los procedimientos establecidos para estos casos. Nos enteramos por la prensa que Sernapesca enviaría información respecto del uso (no uso) de estas concesiones, a partir de un comunicado que el subsecretario de Pesca y Acuicultura hizo público. Dicho sea de paso, es la primera vez en la historia de la acuicultura que dicha autoridad hace algo así. Nosotros entendemos que cualquier concesión puede ser evaluada y no tenemos problemas con que las concesiones en cuestión se investiguen. La irregularidad es que no se notifique al titular y se nos deje indefensos. Llama la atención que, además, todo el trámite fue realizado en tiempo record y en silencio”.

Para la compañía el accionar del Gobierno es negativo para la reputación del país como destino de inversión. “Esto está siendo monitoreado por inversionistas extranjeros, que lamentablemente pensarán que en Chile no se cumple con los principios de igualdad ante la ley, ni con los procesos establecidos”.

 GOIC

Pero estas medidas administrativas no son el único flanco abierto en esta materia. La senadora Carolina Goic ha sido enfática a lo largo de este año de acusar a la industria acuícola de graves daños ambientales en las regiones de Los Lagos y Aysén y la necesidad que ello no se repita en Magallanes.

La asociación acusó ayer una posición personal de la parlamentaria en contra de la industria, recordando una columna suya publicada en abril en este mismo medio y titulada “No a las salmoneras”.

La industria destacó que contrario a lo sostenido por la parlamentaria, “es público y notorio que la pesca artesanal respalda a la industria acuícola. Ambos comparten un mismo espacio en el mar y comparten una intensa labor de ayuda mutua”.

La industria acuícola insiste en su compromiso ambiental. “Somos los primeros en cuidar el patrimonio ambiental de la región, ya que esto permite que se pueda criar un salmón de excelencia, que da la posibilidad de ingresar a mercados complejos, a los que otros productores simplemente no pueden entrar”. La industria posee concesiones por 2.100 hectáreas, de las que utiliza menos de un tercio por ciclo productivo. “Eso versus las 8 millones de hectáreas destinadas a la conservación. ¿Realmente no pueden convivir la salmonicultura con la conservación? ¿O simplemente se quiere terminar con una industria que emplea a más de 5 mil personas en la región tras 20 años de producción sustentable ejemplar?”.

La asociación destacó que no es incompatible el cultivo del salmón con el turismo. “No utilizan los mismos espacios y si se quiere ir más allá, en época estival, los hoteles y restaurantes aumentan su demanda de salmón en Magallanes, como una muestra de que las salmonicultura aporta a la gastronomía regional un producto de primera calidad, para los turistas, pero también para los magallánicos”.

Greenpeace

La organización ambientalista Greenpeace, en tanto, acusó la obtención de subsidios por parte de la empresa Nova Austral, a través de la Ley Navarino.

Aunque se trata de un beneficio totalmente legal, Greenpeace acusa que los altos montos otorgados por el Estado: 7.000 millones de pesos, cifra que el 2017 y 2018 se elevó a casi 20.000 millones de pesos cada año. “Resulta impresentable que el Estado esté beneficiando de esta manera a una empresa que lleva años contaminando las aguas del Parque Nacional Alberto de Agostini y que ahora pretende expandirse al canal Beagle, lo que ha intentado hacer, pese a no haber sido autorizada para ello”, dijo Mauricio Ceballos, vocero del área de Océanos en Greenpeace.

Gobierno

En tanto, la seremi de Economía, Natalia Easton, destacó ayer su pleno apoyo a la actividad acuícola, no así al actuar de Nova Austral.

“La industria acuícola es tremendamente relevante para Magallanes. Como seremi siempre voy a estar de acuerdo con apoyar el desarrollo de esta y otras industrias que cumplan la normativa medioambiental vigente. En nuestra región, sabemos que los estándares que maneja la salmonicultura son muy distintos de lo que ocurre en el resto de Chile, de lo cual estamos tremendamente orgullosos, pero en este caso puntual, sabemos que lo que ocurre con las concesiones de Nova Austral en la comuna de Cabo de Hornos, lamentablemente, cayeron en causales de caducidad y ahora, la empresa imagino iniciará los procesos correspondientes para dar los argumentos que estime convenientes”.

 -Ellos aseguran que no tuvieron siquiera la oportunidad para entregar sus argumentos. ¿Faltó el debido proceso?

"Es poco lo que puedo decir porque ésa es una decisión de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Desde Economía siempre vamos a apoyar a los sectores productivos que nos permitan generar desarrollo. La salmonicultura es una industria importante para Magallanes. Valoramos los grandes aportes que ella genera para nuestra región, pero siempre vamos a hacer que se cumpla la normativa ambiental vigente”.

Mientras, tal vez mientras usted lee estas líneas, se prepara una nueva movilización en Punta Arenas. Se inicia un nuevo conflicto en el Beagle.