Desde el mes de marzo la Fiscalía ya ha utilizado la modalidad que por ley comienza a regir en Magallanes desde el 3 de octubre

Cincuenta y cinco niños víctimas de abusos ya han declarado a través de la entrevista videograbada

tribunales
09/09/2019 a las 08:30
Pinguino Policial
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Desde hoy y hasta el miércoles, se realizarán diversas actividades en Punta Arenas, con intervinientes de las instituciones involucradas con la nueva normativa para evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes.

Desde hoy y hasta el miércoles se desarrollará un nutrido programa por parte de las instituciones involucradas en la puesta en marcha el próximo 3 de octubre de la Ley de entrevista videograbada.

Entre las 8.30 y las 13 horas de hoy se realizarán las “Jornadas de Sensibilización”, organizadas por la Seremia de Justicia y DDHH, en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, además una capacitación denominada “Fundamentos, principios y modificaciones”, dictada por Maurizio Sovino, abogado asesor de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, organizada por el Poder Judicial y la Fiscalía, a partir de las 16 horas, en el auditorio de los Juzgados Civiles (Avenida Independencia N° 617, tercer piso).

Asimismo, figuran actividades internas de los diferentes servicios, como encuentros de los entrevistadores con la comunidad, Defensoría Penal Pública y autoridades regionales de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. El miércoles a las 15  horas también habrá una Jornada de Simulación y demostración de juicio, organizada por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas. El mismo día  a las 11.15 se realizará una ceremonia de reconocimiento a la comunidad de entrevistadores de la región, en dependencias del auditorio de la Universidad de Magallanes.

En este sentido, se tiene que dar a conocer a la comunidad e intervinientes la participación de cada uno en la etapa investigativa como la del juicio propiamente tal, así lo señaló la jefa de la Unidad Regional de Atención de Víctimas (Uravit) de la Fiscalía de Magallanes, Alejandra Guevara, quien detalló que ya se ha utilizado esta metodología en alrededor de cincuenta niños víctimas de delitos.  “Estamos organizando en forma interinstitucional una serie de actividades académicas, con exposiciones de los principales protocolos. La Fiscalía también dentro de estas actividades está impulsando una ceremonia de reconocimiento a los entrevistadores de todas las instituciones, para finalizar con un juicio simulado, en la cual se verá una parte de la ley en la fase de intervenir a la víctima en sede del juicio. Lo importante es que todas las instituciones estén alineadas con los protocolos, y ya estamos con un sistema piloto desde marzo, y tenemos entrevistadores suficientes en la región. Desde hace tiempo hemos estado trabajando con la comunidad en relación a esta legislación, y la percepción de las victimas es que es beneficioso para niños, niñas y adolescentes. Ya tenemos víctimas que han declarado con esta modalidad en la región, y ya son 55 entre niños, niñas y adolescentes, edades que van desde los 4 a 17 años, desde el mes de marzo de este año”.

Entrevista en juicio oral

En el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, hay dos jueces preparados para la entrada en vigencia de esta ley, uno de ellos, el magistrado Guillermo Cádiz Vatky (en la foto), señaló que “esta ley trae un cambio fundamentalmente en la intervención de los niños en los procesos penales cuando son víctimas en delitos sexuales. Lo que busca esta normativa es disminuir las consecuencias negativas que esa intervención les pueda acarrear. A diferencia de hoy, todo el proceso estará regulado interinstitucionalmente de manera que todos los actores del sistema penal se coordinan para que exista una entrevista en la etapa de investigación y otra declaración judicial donde el niño entregará su testimonio en el juicio. En algún minuto se indicó que podía ser una entrevista única, pero se decidió que debía prestar su declaración en el juicio, pero con una serie de resguardos para evitar una victimización secundaria”.

El magistrado detalló que “la entrevista investigativa está a cargo de la Fiscalía, y todo esto debe realizarse con personal capacitado, y en el juicio la misma persona capacitada que entrevistó al niño previamente puede ser un intermediador, como también lo puede hacer un juez, pero en el juicio ya no es un entrevistador, si no un intermediador”.

El juez Guillermo Cádiz dijo que “Esta ley está centrada en los niños, niñas y adolescentes, no se le podrán realizar preguntas en el juicio atentatorias contra su dignidad, el intermediador debe encargarse que el niño declare”.

Esta Ley establece normas de trato relativas a los niños, niñas y adolescentes, considerados como sujetos de derecho, con el objeto de prevenir la victimización secundaria en víctimas de delitos sexuales; trata y tráfico de personas; secuestro y sustracción; delitos violentos y robos calificados, como asimismo establece normas especiales proteccionales cuando son testigos, no reemplazando la comparecencia de ellos en un juicio oral.

La entrevista investigativa videograbada es una diligencia de investigación que se debe decretar por el fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableciéndose reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible. Por ello quien reciba la denuncia deberá comunicar al fiscal el hecho de la forma más rápida posible y por la vía más expedita, en un plazo máximo de ocho horas. Las entrevistas quedan en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes.

Magallanes avanzó desde agosto del año 2017, en realizar los primeros pasos de acercamiento a esta nueva modalidad, efectuando adecuaciones que permitieron ver los beneficios de esta iniciativa, que requirió de la coordinación de las múltiples instituciones involucradas en el proceso, tales como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Fiscalía de Chile, la Defensoría Penal Pública, la Policía de Investigaciones y Carabineros, cumpliendo cada una un rol diferente en el proceso.


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