Cuando postulé a la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias del año 2017, uno de los candidatos, Domingo Rubilar, invitó al resto de los participantes de la contienda electoral a efectuar una declaración jurada ante notario consistente en comprometerse a votar a favor de reducir la dieta parlamentaria -en el caso que se accediera al sillón parlamentario- y mientras tanto donar la mitad de la dieta parlamentaria a instituciones de beneficencia social.

La verdad es que cuando lo planteó, típico uno piensa que es una medida populista para caer bien al electorado, ya el diputado Gabriel Boric junto Giorgio Jakson habían planteado algo parecido, pero no llegando al extremo de donar en el acto su dieta parlamentaria como lo planteaba el candidato Rubilar.

Ante ello, después de pensarlo bien, asumí el desafío, y también hice esa declaración jurada ante notario, por parecerme una buena idea y calcular que perfectamente se puede desempeñar el cargo donando la mitad de la dieta parlamentaria.

Hoy día ante la pandemia y la enorme crisis económica que se viene por la falta de productividad y producción, la falta de consumo, y aumento de cesantía, el reducir los costos parlamentarios se hace una necesidad urgente, y mientras se reducen, la donación se advierte como una buena forma de redestinar recursos del parlamento en especial para instituciones privadas de ayuda social.

Por eso me llamó la atención la votación del Partido Comunista y del Frente Amplio esta semana que se opuso a esta idea, pero más impacto me produjo la alegación del diputado Luciano Cruz Coke, en la cual expresó que parlamentarios tienen hasta 20 asesores, más de 20 líneas telefónicas contratadas, y de los ostentosos gastos de parlamentarios en educación, salud y previsión social.

Al respecto, el discurso de Luciano Cruz-Coke Carvallo en el hemiciclo es un llamado de alerta sano para nuestra democracia, por que no es la primera vez que onerosos gastos parlamentarios han sido la causa que ha gatillado el quiebre de la democracia a manos de grupos de personas, que desesperados ante la situación nacional, no les queda más que desafiar el poder ante la porfía de quienes están enquistados en las lides del poder.

Así ocurrió el 03 de septiembre de 1924 con un Golpe Militar en Chile que tuvo como gatillante el hecho que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declaraba que la gratuidad del cargo de parlamentario no obstaba a conceder a los senadores y diputados, mediante ley, asignaciones a título de gastos de representación (dieta parlamentaria) y en la sesión de 3 de septiembre del mismo año, el Senado de Chile aprobó en general, en segundo trámite legislativo de dicho proyecto de ley causando la furia del pueblo.

A la sesión del día siguiente, un grupo de jóvenes oficiales del Ejército de Chile concurrió a las galerías del Senado con el fin de expresar su oposición a la aprobación de la dieta parlamentaria y la postergación de la tramitación de las leyes sociales. Hicieron golpear sus sables contra el suelo como señal de desafío y de respaldo a la agenda social del Presidente Arturo Alessandri Palma en un hecho conocido como el “Ruido de Sables”.

Luego el presidente tuvo que huir del país, dando origen a un proceso constituyente para la nueva Constitución de 1925 la cual reemplazó la Constitución de 1833.

Es de esperar que el Parlamento Chileno no necesite de un nuevo ruido de sables para que mientras rebajen sus dietas parlamentarias, donen la mitad de su dieta y gastos en asignaciones a instituciones privadas de beneficiencia social, y así estar en línea ante la necesidad de la Nación frente a esta grave crisis económica que se advierte en el horizonte debido al Covid-19.