A fines de mayo, el Ejecutivo junto al Legislativo acordaron presentar un proyecto de ley que apunta a reducir o eliminar ciertos trámites y diligencias que hasta el día de hoy deben ser validadas ante un notario, con el fin de descongestionar las oficinas, disminuir el número de gestiones que realizan estos ministros de fe y facilitar la vida de las personas.

Aunque la gran interrogante se plantea en la falta de valor probatorio que podría significar para algunos documentos, la desnotarización de estos mismos establece la modificación de una serie de cuerpos legales en relación a los diferentes trámites que hoy deben efectuarse en las notarías públicas.

En lo concreto, se pretende poner fin a las declaraciones juradas ante notario, reemplazándolas por declaraciones simples del interesado; además de eliminar el requisito de acompañar copia autorizada de algunos documentos; se reemplaza el instrumento privado firmado ante notario por instrumentos privados simples y se eliminarían trámites de reducción a escritura pública de actos administrativos, tales como resoluciones y decretos, y acuerdos de asambleas societarias que constan en el acta respectiva.

Es muy común ver día a día las oficinas magallánicas donde se efectúan estas diligencias abarrotadas de personas, sobre todo en fechas clave como los fines de mes o las quincenas. Al respecto, consultamos con el propietario de la notaría pública Trincado, Igor Trincado, cuáles son los principales alcances, impactos, pros y contras que implicaría una modificación legal en este aspecto, que a su juicio, “simplificaría la vida de mucha gente”.

- ¿Cómo evalúa usted este proyecto de desnotarización de algunos trámites?

- “Este tema ha sido abordado por la Asociación de Notarios, incluso se enviaron algunos estudios que recomiendan la necesidad de desnotarizar ciertos trámites, porque hay algunos que francamente no debieran ser ante notario, por ejemplo, en las declaraciones sobre hechos propios. Cuando viene una persona a acreditar que es soltero, no tiene sentido que se legalice si basta un documento simple firmado por la persona y lo presenta ante la institución respectiva. Hay que dejar en claro que los notarios no creamos la exigencia de que pasen por nosotros esos documentos, sino que es la ley o algunas instituciones las que solicitan esos requisitos, y es principalmente el Estado. Por lo tanto, si el mismo órgano público no lo pidiera, descongestionamos la notaría. Además, en un certificado de soltería, el Estado tiene acceso al Registro Civil y puede ver si la persona está soltera o casada. La información la tiene el mismo órgano público. Al igual que pasa con las declaraciones de supervivencia, si eso se ve también en el Registro Civil, y si no está muerto, es porque está vivo”.

- ¿Reconoce que todos estos trámites son innecesarios?

- “Es innecesario que se validen ante notario”.

- ¿Esto también abarca a las declaraciones juradas ante notario, que se reemplazarán ante declaraciones simples?

“Precisamente a aquellas me estaba refiriendo, que en doctrina se llaman declaraciones ante hechos propios. Por ejemplo, el Estado a través del Ministerio de Educación puede en línea apretar un botón y saber si una persona efectivamente tiene la profesión que dice tener. Además yo no puedo saber si ese título es real porque yo no lo he emitido. Quien debiera legalizar ese documento debiera ser la misma institución de educación, porque a mí no me consta que dicha persona sea abogada, médico o administrador”.

- ¿Qué ocurre con la eliminación de los trámites de reducción a escritura pública de actos administrativos tales como resoluciones y decretos, y acuerdos de asambleas societarias que constan en el acta respectiva?

- “También me parece muy bien porque así descongestionamos el sistema y porque, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas emite una resolución para otorgarle derechos de agua a una persona, pero ellos son un instrumento público y no es necesario que se haga una escritura pública porque ya el documento original lo emitió el mismo órgano encargado, ellos tienen las matrices, las resoluciones, los procedimientos, sus carpetas y ellos pueden validar ese documento sin la necesidad de que vengan aquí”.

- ¿Y esto no implicará que se desestime el valor probatorio de estos documentos?

- “Para otro tipo de asuntos sí, como cuando hay negocios, un contrato de arriendo, una compraventa de vehículos, lo cual creo que en este proyecto no está incluido, pero para términos probatorios, cuando hay transacciones y dinero de por medio se hace necesario que sea ante notario. La mayoría de los contratos son consensuales, o sea, basta la palabra, pero si todos confiáramos en la palabra después estaríamos llenos de juicios”.

- ¿Es el mayor problema que podría generar este proyecto?

- “Con respecto a los trámites que se van a desnotarizar, yo no veo ningún problema, hay otros actos que sí requieren presencia notarial ante efectos probatorios pero en este proyecto al parecer no estarían contemplados. También, hay muchos actos que hacemos pero que la gente podría hacerlos en otros lados. Por ejemplo, un finiquito, no es necesario que vengan a la notaría sino que también pueden ir a firmarlo a la Inspección del Trabajo; una compraventa de vehículos lo pueden hacer en el Registro Civil, pero aquí existe una costumbre de la gente en venir porque tampoco el servicio público tiene la disponibilidad de personal o del local para que se haga estos trámites”.

- ¿Es muy común que los magallánicos realicen estos trámites que a futuro podrían desnotarizarse? ¿De cuánto es la proporcionalidad y si esto podría afectar en términos económicos a una notaría?

- “Desconozco, pero es una cantidad importante, en la copias legalizadas de documentos que piden las mismas instituciones, pero no creo que afecte porque no es tan relevante a diferencia de otros trámites que sí requieren la firma de un notario”.