El viernes, el Ministerio Público formalizó a Rodrigo Alberto Chávez Villarroel, el último de los tres imputados por el cuasidelito de homicidio de Leonardo Ángel Figueroa Barahona, un buzo mariscador, que hace dos años perdió trágicamente la vida en las profundas aguas del Seno Skyring, trabajando para la empresa contratista Servicios Náuticos BRD Spa.

El hecho aconteció durante la mañana del 9 de marzo de 2018, cuando la víctima desempeñaba labores de buceo en el centro de cultivos Skyring, ubicado en la localidad de Río Verde, falleciendo debido a que mantenía en su equipo respirador 70 partículas por millón (PPM) de monóxido de carbono, seis veces más que lo permitido por la norma chilena de Calidad de Aire.

Esta concentración del letal gas se produjo como consecuencia que durante el ejercicio de sus funciones no se cumplieron con las medidas de seguridad que exige el reglamento para buzos profesionales. Además, sólo podía sumergirse hasta 20 metros, sin embargo su equipo registró una profundidad cercana a los 43 metros, superando en 23 metros la profundidad permitida para un buzo mariscador intermedio.

Otros dos formalizados

Cabe recordar que el lunes, fueron formalizados por estos mismos hechos Carlos Faúndez Saavedra, encargado de mantenimiento de los equipos y Sebastián Álvarez Bórquez, quien era el supervisor de la faena.

En este caso, Chávez estaba encargado del monitor submarino, cuya principal misión era preocuparse de que la víctima desarrollara su labor con toda seguridad, para lo cual debió cerciorarse que la implementación y los equipos suministradores de aire estuvieran plenamente operativos.

Además dispuso el ingreso de Figueroa a la jaula de cultivo sin prever la situación de extremo peligro que enfrentaba al sumergirse en esas condiciones, situación que a la postre, le provocó la muerte minutos después de haber ingresado al agua, al no recibir el suministro de aire a la profundidad que se encontraba.

Por otra parte, Sebastián Álvarez omitió proveer a la víctima de los medios materiales y de infraestructura necesaria para que las faenas de buceo se desarrollaran en forma segura. Mientras que Carlos Faúndez, no habría realizado de manera regular el trabajo de mantenimiento preventivo.

Se indicó además, que la gobernación marítima de Punta Arenas, a raíz de la investigación sumaria administrativa, pudo determinar que la víctima desarrollaba sus funciones con un compresor con múltiples deficiencias, además que el filtro de aire estaba en malas condiciones, no contaba con marca ni número de serie, por lo que no estaba en condiciones para ser usado.

Al respecto, ninguno de los imputados quedó con medidas cautelares y se estableció un plazo de 120 días para sustentar la investigación.