Uno de los principios fundamentales que sustentan el sistema democrático es la libertad de expresión, resguardada en la actual Constitución, pero respecto de la cual, pese a su relevancia, no siempre se declara explícitamente su importancia y necesidad de protección. Cualquier Carta Magna debe garantizarla porque sin la libertad de expresión no es posible preservar otras libertades esenciales del ser humano. Este derecho fundamental permite un diálogo social sin censura, donde es posible expresar la diversidad de visiones, argumentaciones y opiniones, a la vez que procurar el libre acceso a la información, mediante procesos transparentes que permitan el debate público y la fiscalización de la autoridad. Hoy hay países que no garantizan la libertad de expresión y muchos periodistas son acallados. Muchas acciones gubernamentales han ido coartando el acceso a la información y el derecho a la expresión e información de la ciudadanía en distintas naciones. Censuras, persecuciones y abuso. En la última década hemos sido testigos a la distancia de que regímenes que, pese a declararse democráticos, conculcan libertades como una manera de perpetuarse en el poder imponiendo un discurso oficial. Por eso es fundamental una aclaratoria al respecto en una nueva Constitución, porque hemos visto a países vecinos como se multiplican los intentos por implementar restricciones que coartan el debate público, impidiendo una eficaz fiscalización del poder político y, a la vez, contraviniendo los principios fundantes del ordenamiento interamericano al cual los países del continente declaran adherir, como el respeto de los derechos humanos y, entre ellos, la libertad de expresión como principio básico del sistema democrático.