Consolidada ya como una rutina el retiro del 10% por ciento de los fondos previsionales, cabe reflexionar cómo es posible que este Gobierno, que representa la flor y nata del modelo neoliberal en su versión más radical, que conduce el hermano del genio creador de esta cuantiosa riqueza financiera, no previsional, haya incurrido en una seguidilla de errores que lo condujeron a un desastroso desenlace.

Un primer hito lo constituyen los primeros recursos de protección que interpuestos para obtener el retiro de fondos previsionales, fueron rechazados por la Excelentísima Corte Suprema, que estableció una jurisprudencia uniforme, en el sentido que estos fondos tenían una finalidad específica de carácter previsional, que les impedía a sus titulares disponer libremente de ellos. Luego, vino un primer retiro, tramitado sin objeciones ni requerimiento ante el tribunal constitucional, un segundo retiro que a instancias del ejecutivo pretendió restablecer la iniciativa privativa del presidente en estas materias, ahora un tercer retiro que sortea dicha limitación y reconoce el derecho del Congreso, para mediante reformas transitorias a la Constitución permite estos anticipos. Lección, las prerrogativas se ejercen en su oportunidad, después es demasiado tarde, ninguna autoridad o tribunal a estas alturas y en medio de la crisis sanitaria estaba dispuesto a sufrir el escarnio público en aras de la sagrada letra de la Constitución, máxime si al propio presidente no se le percibió dispuesto a la muerte como Sócrates, para defender la majestad de la ley, sino que en realidad su propuesta no dejaba de ser un vulgar gallito con el poder real que ejerció sin vacilaciones el Congreso, inclusive con el voto conforme de parlamentarios de su propia coalición.

El retiro reconoce la propiedad sobre los fondos, permite su libre disposición sin tener que tributar por ello, lo que parece del todo razonable, pues a estas alturas nadie reconoce que el Mercedes Benz, le haya generado utilidades, sino que los socios reclaman que en realidad las utilidades sólo las ha percibido el Administrador.

Con todo, el retiro deja otros estropicios a la vista, que pasa con los cientos de miles de trabajadores a honorarios que habiendo prestado servicios para la Administración del Estado, nada pueden retirar, si no han tenido imposiciones, quién se hace responsable. ¿Cómo es posible que nuestra generosa clase política, que no da nada, sino que permite el uso de los propios recursos de cada trabajador, no haya reparado en el daño causado?. Ha sido la jurisprudencia la que ha hecho primar el principio de realidad. O sea, el poder de lo obvio, quienes prestan servicio bajo subordinación y dependencia, cumpliendo jornada, con una contraprestación regular, son trabajadores, no prestadores de servicios independientes. Lo grave es que no hay un patrón a quien culpar, con ánimo de lucro, sino que se trata del Estado, de autoridades públicas que en el ánimo de optimizar recursos deciden incursionar en el mundo de las apariencias, sustrayendo a cientos de miles de trabajadores a un estándar de segunda categoría, sin previsión, sin derechos, y sin que ante la contingencia sanitaria tenga nada que retirar, pertenecen al ejército de los desheredados que sin ser cesantes ni indigentes simplemente nada tienen.

O sea, el retiro no es caridad, sino que el reconocimiento del pleno derecho de propiedad sobre sus propios recursos, a los cuales se sustrae parcialmente de su fin específico de carácter previsional. En realidad, para quienes no aspiramos a vivir 110 años o más, conforme a la estimación de vida probable que otro hace por nosotros, el único retiro aceptable es el del 100%.