Antes de la pandemia, el reto de la humanidad estaba centrado en la reducción de gases de efecto invernadero con el fin de adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Es esperable que pasada la crisis sanitaria, se retome dicha prioridad que estará condicionada a los impactos sociales, económicos y políticos que nos dejará el COVID19.

Debemos entender que nuestro planeta siempre ha sufrido de cambios climáticos. Miles de años atrás, nuestra región estaba cubierta por hielo. Asimismo, como seres humanos somos parte de la naturaleza y en toda circunstancia nos corresponde velar por la integridad de los ecosistemas, es decir, asegurar la no interrupción de los servicios biológicos que provee un ecosistema. De ello se trata la sustentabilidad, mejorar la calidad de vida de personas en armonía con nuestro entorno.

El mundo se ha fijado una meta extremadamente difícil: Frenar la adición de gases invernaderos a la atmósfera. Es decir, pasar de la emisión anual de 51 billones de toneladas de gases invernaderos a cero toneladas al año 2050. Para ello no existe posibilidad alguna si no cambiamos nuestra manera de producir energía eléctrica. Entonces, el mundo y nuestra región requiere proveer de energía a las personas, a un costo que puedan pagar, pero sin adicionar gases invernaderos.

En tiempos de populismo es fácil subirse a los discursos conservacionistas extremos, que valiéndose de un vociferante despliegue mediático, no se hacen cargo del impacto económico y social que generan en las comunidades que dicen y desean ayudar. De hecho, Bill Gates, uno de los líderes mundiales del objetivo de Carbono Neutralidad o Cero Carbono, señala que es inmoral hacer pagar la cuenta a las personas que están en la parte baja de la tabla del desarrollo económico. Por eso, fue inmoral el cierre de Mina Invierno, ya que dejó a miles de personas sin ingresos, cuando era posible conservar sus trabajos e ingresos por muchos años mientras paralelamente continuábamos con el proceso de descarbonización de la matriz energética que Chile estableció hacia el año 2040. La torpeza e inmoralidad de las autoridades de la época son las que condenaron a nuestra gente a la pobreza, mientras que son los colombianos y australianos los que se benefician de la exportación de carbón con el cual se genera casi el 40% de la energía eléctrica en Chile. Obviamente, la huella carbono no se redujo, solo cosechamos desventura para miles de habitantes de nuestra región.

Por otro lado, ninguna autoridad ha señalado los desafíos que tenemos como región en la generación de energía eléctrica a bajo costo, baja en emisiones y disponible para todo el territorio. Nadie se atreve a transparentar la realidad del “aporte compensatorio” al gas natural, lo que inhibe cualquier competencia de otras fuentes de energía y desincentiva su uso eficiente . Los políticos de siempre, no se atreven a discutir nuestro futuro energético por ignorancia o interés.

Si queremos que Magallanes resuelva sus problemas de energía acorde a las exigencias del siglo XXI, es decir, promover el crecimiento económico de forma sustentable en armonía con la naturaleza y cooperante en la reducción de emisiones de gases invernaderos, será clave que emerjan nuevos liderazgos que iluminen el camino entre tinieblas.