El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, llevó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, a una mujer, identificada como Daniela Andrea Pechonante Álvarez, la cual fue detenida por la Brigada Investigadora de Robos, BIRO, de la PDI de Punta Arenas.

Luego de controlada la detención, el fiscal Dobson le comunicó a la imputada que se iniciaba una investigación en su contra, por los siguientes hechos:

“El día 18 de mayo, cerca de las 2:46 horas, la imputada, junto a otros tres sujetos, desplazándose a bordo de un Nissan Murano, que era conducido por la imputada, ingresaron a las dependencias de la UMAG, por Avenida Bulnes, fracturando los mecanismos de un portón vehicular, el cual estaba cerrado. Para poder aproximarse, la imputada condujo el móvil de su propiedad hasta el cierre perimetral de Zona Franca. Sus acompañantes descendieron, cortaron la malla de protección y se introdujeron al recinto, por un lugar no habilitado para ello.

Posteriormente, fracturaron una puerta de acceso, ingresando al módulo central, siendo dos de los sujetos que ingresan con un martillo y combo, dirigiéndose directamente a la Joyería Eclipse y a un local de nombre One, fracturando las vitrinas, sustrayendo una gran cantidad de joyas y relojes de alta gama, los que guardaron en una bolsa y huyeror del lugar. Al momento que los sujetos perpetraban el robo, la imputada Pechonante, mantenía comunicación telefónica, realizando labores de vigilancia, siendo los sujetos abordados por personal de seguridad, a quienes intimidaron con elementos de seguridad.

Con esto pudieron salir por el mismo lado que ingresaron, huyendo del lugar, con la imputada al volante.

Cabe señalar que el avalúo de lo sustraído, asciende a la cifra estimativa de 200 millones de pesos.

“Los hechos narrados consideran un delito de robo con intimidación, determinándose que la imputada ha tenido participación de cómplice, y se estima que este delito está consumado”, señaló el fiscal Dobson.

Dobson solicitó que la imputada quede con la medida cautelar de arresto domiciliario total, argumentando que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, la defensa indicó que la medida cautelar es desproporcionada, entregando sus argumentos.

Luego de escuchar ambas partes, el Tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía, dejando a la mujer privada de libertad, debiendo permanecer en su vivienda, con la prohibición absoluta de salir de su vivienda.