Uno de los cambios básicos de la nueva Constitución será el establecimiento de un Estado Social Democrático de Derechos reclamado por la mayoría incuestionable que fue electa para su redacción. El poder del sector privado, que en la C-80 quedó establecido de una manera imposible de contrarrestar, permitiéndole crecer de manera exponencial a un punto tal que, luego de la sorpresa del fin de semana pasado, ejercerá toda su influencia comunicacional para defenderla a ultranza. Nadie quiere perder el poder que le permitía llevar a cabo su voluntad aun en desmedro de los ciudadanos.

El principio de subsidiaridad es un impedimento para que el Estado desarrolle actividades que beneficien a la comunidad cuando existe un interés mercantil. No importa si su labor resulte más eficiente o beneficiosa que la que desarrollen los privados, y en cambio se debe replegar solo para aplicar regulaciones. Podía intervenir si se lograba colegislar, pero debía entrar en un proceso de participación en igualdad de condiciones que podrían hacerlo los privados. Dicho esto, resultaba solo enunciativa, pues actualmente se impide que, con toda su estructura, pueda llevar a cabo acciones de producción de bienes públicos o proveer prestaciones para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

El contexto en que se redactó la C-80 ha sido analizado por todos los sectores y existe una altísima opinión de su falta de legitimidad (histórica) que llevó a obtener un resultado de la clase política-económica. El momento de gloria de este sector debería haber llegado a su fin luego del estallido social de octubre de 2019, y comenzar a modificar el abuso de poder que se logró bajo su amparo o como consecuencia de él.

Ya han terminado las disputas basadas en la Guerra Fría y hoy los Estados occidentales persiguen una funcionalidad distinta para promover el progreso, el cambio y la mejora de las condiciones de las personas. La C-80 no lo permite y llevó al distanciamiento económico que todos vemos y que se acrecentó con las últimas cifras de crecimiento de las fortunas de los más ricos, mientras la nación trata de sobrevivir en las aguas tormentosas derivadas de la pandemia. Por ello la reclamación por empatía social es tan abrumadora.

Ahora bien, para lograr el mecanismo de un Estado Social, lo primero será conseguir en las próximas elecciones presidenciales obtener un líder que se sustente en esos principios. A su vez, se tendrá que rodear y articular con un conjunto de profesionales y políticos que deberán orientar sus conocimientos a aplicar la nueva regla exigida por la ciudadanía, lo que será un proceso de aprendizaje lento, profundo y dinámico. Con los resultados electorales se ha abierto una altísima esperanza de que la redacción permitirá llegar a un óptimo. La discusión estará en los detalles.

El Estado Social no se contrapone al Estado Subsidiario ni buscará impedir que los privados desarrollen actividades lucrativas. Hacerlo sería transformar nuestra sociedad en un Estado Totalitario, y ese es el temor más creciente que tienen los que defienden el neoliberalismo extremo que permitió que todas las actividades de nuestra vida queden bajo el amparo del mercado. Sin duda tendremos un exceso de judicialización cuando las nuevas normas comiencen a afectar los intereses particulares. No habrá que temer a los pleitos y sus resultados, será una época de acomodos, y así como se perdieron muchas batallas amparadas bajo el manto de la C-80, no me cabe duda que ocurrirá lo mismo con la C-22, solo que los actores serán otros.

Vamos a tener que acostumbrarnos a la consagración de los derechos sociales fundamentales como condiciones básicas para la libertad. Todas ellas son demandas con contenido moral que los ciudadanos exigen al Estado y que este no puede estar en condiciones de eximirse de cumplirlas ni hacerlas cumplir.