Tuvieron que pasar casi 18 meses para que el joven de iniciales J.V.B. pudiese quedar a disposición de la justicia. este lunes, la Fiscalía lo formalizó por atentado contra la autoridad, un delito que habría cometido durante el estallido social.

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, el joven participaba de protestas el 10 de noviembre de 2019 en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. Cuando carabineros hicieron labores de dispersión de la marcha, el imputado les habría lanzado objetos contundentes.

El joven tuvo que presentarse en marzo pasado al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para ser formalizado, pero se ausentó. El tribunal despachó una orden de detención en su contra y se instruyó a las policías para que lo sentasen en estrados. Finalmente, ayer en la mañana el propio imputado se presentó voluntariamente al cuartel de la PDI.

Cuando le comunicaron los cargos, la Fiscalía se abrió a la posibilidad de suspender el procedimiento en su contra. Para ello, el joven tenía que comprometerse de donar 50 mil pesos a una organización de beneficencia y no asistir a protestas durante un año.

Con los ojos fijos en el juez, el imputado se negó a las condiciones de suspensión. De este modo, la causa continúa con su tramitación. Para asegurar su comparecencia el tribunal dispuso que cumpla con arraigo regional.