La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) recibió la noticia de un nuevo rechazo del Concejo Municipal a las enmiendas relativas a las “zonas inundables” del Plan Regulador Comunal (PRC) de Punta Arenas con gran sorpresa. La asociación gremial expresa su preocupación por la extensa espera que este retraso significa para múltiples proyectos de edificación, tanto públicos como privados, y también para proyectos de infraestructura de alto impacto social para la capital magallánica.

Desde diciembre de 2019, con el informe de Contraloría General de la República, que más de 400 hectáreas de Punta Arenas fueron interpretadas como “zonas inundables”, paralizando los permisos de edificación y obras varias. Luego, a pesar de que la Municipalidad realizó un largo proceso para modificar el PRC, incluyendo instancias de participación ciudadana y recepción de comentarios varios, el Concejo Municipal decidió no aprobar el texto de la Ordenanza que permitiría construir en terrenos con las mitigaciones pertinentes.

“Esta situación mantiene, desde fines de 2019, a importantes obras paralizadas y pone en riesgo la entrega de numerosas viviendas sociales tan anheladas por la comunidad. A pesar de las gestiones realizadas desde enero de este año por la Municipalidad, aún no hay mayores avances en esta enmienda que, según se dijo en un inicio, iba a ser muy rápida, debido a la gravedad del asunto. El cronograma de trabajo contemplaba que en agosto de este año se presentara la enmienda a Contraloría y se resuelva así este problema, pero vemos cada vez más lejano ese momento”, recordó Carlos Braun, presidente de la CChC Punta Arenas.

Este escenario ha paralizado la ejecución de proyectos emblemáticos de Punta Arenas, como por ejemplo el Terminal de Buses, las nuevas instalaciones del Inia y el futuro cuartel de la PDI, entre otros. Esta indefinida encrucijada también afecta a viviendas sociales, dado que la construcción de casi novecientas soluciones habitacionales de inversión pública está detenida actualmente, y además mantiene en incertidumbre que realmente se puedan edificar casi siete mil viviendas sociales para los próximos años, perjudicando a pobladores que están a la espera de la anhelada casa propia.