Hace tiempo que la Araucanía viene enfrentando momentos difíciles. No sólo es una de las regiones más pobres del país, sino que también se encuentra sumida en un clima de violencia donde atentados de todo tipo son perpetrados casi diariamente. Entre sus víctimas se encuentran forestales, pero también personas de a pie, cuya vida e integridad física se ven constantemente expuestas. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió el viernes de la semana pasada en Carahue, donde Carabineros frustró un atentado a un predio forestal cuyo saldo dejó a uno de los atacantes fallecido (Pablo Marchant), y a un trabajador en la UCI por una herida de bala (Ceferino González), que se dice habría sido disparada por el mismo Marchant. En este contexto, es razonable cuestionarse si en la Araucanía Chile se ha transformado en un Estado fallido.

Es claro que el Estado chileno ha fallado en la Araucanía (y a su gente). Una de las principales funciones del Estado (sino la principal) es asegurarles a sus ciudadanos que su vida y sus derechos serán respetados. Para que esto resulte, es condición necesaria que los ciudadanos renuncien al uso de la fuerza, otorgándosela al Estado, que pasa a ejercer su monopolio legítimamente. En otras palabras, el Estado debe ser capaz de garantizar la paz a sus ciudadanos, haciendo sus interacciones predecibles bajo el supuesto de que existen reglas que serán hechas cumplir en caso de ser infringidas. Sin embargo, nada de esto ocurre hoy en la Araucanía, donde la violencia está desatada y fuera de control.

Quienes piensan que el incidente del viernes es un hecho aislado, se equivocan. Según constató el Fiscal Regional de la Araucanía, en 2020 hubo 122 delitos de alta connotación social (crímenes violentos y que afectan la propiedad, la vida y bienes de las personas), un aumento del 69% respecto al año anterior. Para ver en qué se traduce esto en concreto no es necesario remontarse al Caso Luchsinger-Mackay, donde un matrimonio resultó calcinado producto de un atentado incendiario. Por ejemplo, en marzo de este año una camioneta de un equipo de TVN fue atacada por un grupo indeterminado de personas, lo que resultó en la pérdida de un ojo por parte del camarógrafo del equipo. Por otro lado, hace algunos días, desconocidos incendiaron la casa de un exfiscal, reduciéndola a cenizas. Estos son solo algunos de los hechos más “llamativos” del último año.

Sin embargo, lo más preocupante es la gravedad y lo extendido del catálogo de delitos cometidos en la Araucanía. Respecto a lo sucedido el viernes en Carahue, llama la atención que Marchant habría portado un rifle de guerra (M16), cuyo porte y comercialización está prohibido en nuestro país (y que probablemente fue el arma causante de la herida del trabajador forestal). Este mismo tipo de armamento era el que portaban los comuneros mapuches que resguardaban el féretro de Marchant, según se constata en una foto viralizada por los mismos comuneros en redes sociales. La CAM se adjudicó el atentado, declarándole la guerra a “las forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio”. A esto se suman los indicios de que estos grupos tendrían nexos con el narcotráfico y el ya extendido robo de madera y cosechas a cambio de que no sean quemadas. Por lo mismo, sorprende que aún existan quienes afirman que estos son delitos comunes.

En este contexto, algunas reacciones del mundo político destacan por su indolencia. En particular, un grupo de constituyentes (incluida la convencional por Magallanes, Elisa Giustinianovich) suscribió un comunicado condenando la muerte del comunero abatido, sin siquiera mencionar al trabajador herido. Cabe señalar que la CAM ha criticado a los convencionales mapuches dado que la Convención sería “un acto de sometimiento al pacto colonial”. En esa misma línea se mostraron los precandidatos presidenciales Jadue y Boric, quienes a través de sus cuentas de Twitter no dudaron en ponerse del lado de Marchant antes de conocer los antecedentes del caso.

Lo que sucede en la Araucanía debiese ser motivo no sólo de reflexión, sino que también de acción. Por cierto, el restablecimiento del orden público es algo fundamental. Sin embargo, no es suficiente. Además de hacer frente a la violencia, se requiere una solución integral que otorgue perspectivas de futuro a la gente de la zona. El precio de no hacer nada es que el conflicto salga de la Araucanía y se expanda por el país. La Araucanía está sangrando y tenemos que hacernos cargo.