Incluso antes de asumir, el gobernador regional Jorge Flies dibujó un nuevo escenario para la relación entre el ejecutivo magallánico que preside y el gremio de la industria de salmonera. Hablando tanto desde su experiencia como ex intendente como desde las “sensibilidades ambientales” de los sectores que lo apoyan, el gobernador anunció que, durante su gestión, examinará cuidadosamente el comportamiento de esta industria que, observada desde el punto de vista estrictamente productivo, no solo explica cerca de 20% del PIB regional, sino que genera a lo menos 3.200 empleos directos, y cerca de 15.000 mil empleos indirectos.

Pese a esto último el gobernador recordó que algunas de las empresas de esa industria han, reiteradamente, “incumplido” sus obligaciones ambientales, razón por la cual no está descartado que, como está ocurriendo en el sector argentino de Tierra del Fuego, no se entreguen más concesiones acuícolas. Como era de esperar, estas declaraciones causaron grave preocupación no solo en la industria salmonera, sino que en gran parte del sector productivo.

Las aprehensiones del gobernador Flies (y de quienes se oponen a la presencia de la salmonicultura en la Patagonia y la Tierra del Fuego) se sostienen, como sabemos, tanto en el impacto ecosistémico causado por el escape de grandes planteles de diversas especies de truchas y salmones (predadores invasores), como en el efecto acumulativo sobre el fondo marino y la columna de agua de fiordos y canales prístinos que, esos sectores afirman, son permanentemente causados por grandes biomasas de salmónidos en cautiverio.

Mirado el problema en su conjunto, es claro que, si por una parte el Estado (las instituciones públicas competentes) deben hacer cumplir la ley con sus reglamentos y estándares, por otra el sector privado también tiene el derecho a ejercer una actividad económica que, en términos de tributación y empleo, indudablemente contribuye al bienestar de miles de familias.

El desencuentro entre autoridades reguladoras y empresas que revelan los comentarios del gobernador regional pone de manifiesto que -en gran parte- esto ocurre en ausencia de un “idioma común” que contribuya a resolver -en beneficio del “bien común”- circunstancias que, como lo demuestra la experiencia de otros países acuicultores, “tienen solución”.

Al margen de situaciones resultantes de flagrantes ilícitos de naturaleza tributaria, hasta ahora los problemas entre la industria salmonera y el sector público se han, en buena parte, generado a partir de acusaciones genéricas sobre el “impacto ecológico” de la industria en su conjunto. A esto han contribuido diversos accidentes e incidentes causados o por mala operación de ciertos centros de cultivo, por eventos meteorológicos y ambientales extremos (i.e. marea roja y desecho de enormes volúmenes de peces en descomposición), o por ambas causas a la vez. En la práctica la repetición de este tipo de circunstancias es lo que afecta no solo la “imagen pública” de dicha industria, sino que, “en los hechos, dificulta su aceptación social. Todo a pesar que es “una actividad que crea empleo”. Para la mayor parte de los ciudadanos no hay “otras razones” para empatizar con el gremio salmonero. Es esto lo que deja la solución del problema a aquellos que, sin vivir en el Austro, desean convertir a nuestra Región en un mero laboratorio natural para beneficio propio (aquellos qulucran de proyectos financiados con fondos públicos).

Al respecto valga recordar que, desde la organización sin fines de lucro MagallaniaCorp, hace un par de años intentamos interesar a dicho gremio para desarrollar un sistema de monitoreo satelital y de superficie que debía construirse desde una actividad de “ciencia ciudadana”, esto es, invitando a toda la comunidad a construir una base de datos geo-científicos colectados por servicios públicos especializados (i.e. MeteoChile, ServiMet de la Armada, IFOP, SernaPesca, etc.). Ello, para enseguida poner a disposición de las empresas -y también de los servicios reguladores- una herramienta para, en tiempo real, reconstruir y pronosticar el comportamiento del tiempo atmosférico y de la columna de agua en cualquier parte de nuestro territorio.

En concreto, propusimos una herramienta inspirada en exitosos modelos empleados por NOAA de Estados Unidos y diversos organismos reguladores de la Unión Europea, utilizados para monitorear y gestionar territorios de ecosistemas frágiles y/o amenazados. Luego de un acuerdo inicial (que incluyó un proyecto aprobado por el Comité de Donaciones Culturales), el gremio salmonero nunca terminó de aceptar la construcción de la dicha herramienta tecnológica pensada -y esto es lo relevante- para “objetivar” su relación con los entes reguladores y el conjunto de la sociedad.

En ausencia de una herramienta tecnológica sostenida en datos e información pública y gestionada con modelos internacionalmente reconocidos, el diálogo con el Gobierno Regional elegido (y un Estado central cada vez más preocupado por el impacto ambiental de la acuicultura), el futuro de la salmonicultura magallánica se avizora complicado y complejo. A mediano y largo plazo -y a pesar de las certificaciones, las inversiones y los compromisos adquiridos- lo que verdaderamente está en juego no es, nada más ni nada menos, que la “esperanza de vida” de dicha industria.

En el caso de que en su relación con la comunidad el gremio salmonero persevere, por una parte, en evitar asumir el problema de fondo (dar seguridades de que sus faenas no producen una degradación general y permanente al conjunto del medio ambiente magallánico) y, por otra, en insistir en el asistencialismo paternalista para “desactivar”, caso a caso, grupos locales de contradictores, en tanto “actividad industrial” seguirá expuesta al escrutinio genérico en el cual “la carga de la prueba” es al revés: la salmonicultura “es culpable hasta que demuestre que es inocente”. En ese escenario el Estado está obligado a estrechar su cerco a la salmonicultura.

Acudir al “idioma común” de las aplicaciones científicas y tecnológicas para compartir un diagnóstico y un plan de gestión territorial, común, transparente y de largo plazo es un desafío tanto para el Gobierno Regional elegido como para el gremio salmonero. La pregunta es: ¿Cuál de los dos está dispuesto a tomar la iniciativa?