Sin duda que el Estado chileno está en deuda con los niños, niñas y adolescentes. Y es una de nuestras deudas más urgentes. Hace muy poco una Jueza de Familia interpuso una demanda ante el sistema interamericano de Derechos Humanos por el incumplimiento de los Tratados Internacionales. Probablemente nuestro país será condenado.

Parte de esa deuda es legislativa. Los últimos años se ha avanzado en la implementación de la Defensoría de la Niñez y recientemente se aprobó la nueva institucionalidad en materia de infancia, cuya instalación sigue en proceso. Faltaba eso sí una parte importante: una Ley de Garantía de Derechos de la Niñez. El debate en el Congreso no fue fácil y solo en junio recién pasado terminó su tramitación. La ley tiene como objetivo generar un sistema que garantice y proteja de manera integral y efectiva, el ejercicio de los derechos de los niños y niñas.

Para ello, la ley se funda en diversos principios internacionales ya contemplados en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que somos parte hace más de 30 años. Entre esos principios se encuentra la autonomía progresiva, que habilita a los niños, niñas y adolescentes, a medida que van creciendo, a adoptar más decisiones y así reconocer su mayor capacidad de autodeterminación, siempre respetando el derecho de los padres y madres a educar.

Sin duda que la implementación de dicho principio es compleja, y cada país debe generar la institucionalidad adecuada para hacerlo realidad. Es por ello que es el Congreso el mejor lugar para diseñar esa institucionalidad. Por eso es una muy buena noticia que la nueva ley haya visto la luz. Sin embargo, el principio de autonomía progresiva ha sido objeto de dos cuestionamientos. Por una parte el Tribunal Constitucional acogió dos requerimientos que interpuso Chile Vamos para eliminar una serie de incisos que consagraban su autonomía progresiva y la obligación del Estado de garantizar educación laica y no sexista. Por otra, el Presidente de la República decidió vetar parte de la ley basado en los mismos argumentos.

El fallo del Tribunal Constitucional, que como es usual fue bastante dividido, no puede ser revisado. Sin embargo, en el caso del veto del Presidente de la República la Cámara de Diputados insistió con voto mayoritario y la ley continuará su curso. Se sigue retrasando la implementación de este marco de mínimas garantías, utilizando para ello una institucionalidad altamente criticada y que hoy está bajo revisión por el proceso constituyente.