En junio del año pasado, un funcionario de la Municipalidad de Cabo de Hornos sustrajo 57 canastas familiares. Las cajas estaban destinadas a personas en situación de vulnerabilidad por la pandemia que azotaba al país.

Ayer se sumó una nueva arista en el caso. El Ministerio Público formalizó a una mujer que habría recibido en Punta Arenas una de las cajas sustraídas.

De acuerdo con los antecedentes señalados en la audiencia, el 15 de julio de 2020 la mujer retiró una encomienda en Punta Arenas y se retiró del lugar a bordo de su vehículo. Sus movimientos eran vigilados por la Policía de Investigaciones (PDI), que la detuvo en Río Seco.

Al interior del móvil se descubrieron la caja con alimentos avaluados en 65 mil pesos, aproximadamente. La canasta destinada para ayuda social provenía de Puerto Williams, donde “en días previos un empleado público los había sustraído con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño”, indicó el fiscal Oliver Rammsy.

El persecutor le comunicó a la remitente del paquete que sería investigada por receptación. “No podía menos que conocer su origen”, dijo el fiscal. Por resolución del tribunal, se agendó una audiencia para enero del 2022, donde se explorará una salida alternativa.

Condenado en el fin

del mundo

En un juicio abreviado, el empleado municipal que sustrajo las canastas –identificado como Alejandro Barra Soto– fue condenado el 13 de abril pasado por malversación de caudales públicos. Cumple con 541 días de cárcel con pena remitida (firma mensual) y debe pagar una multa de 1 millón de pesos.

Según la sentencia, no solo hurtó las cajas de alimentos –que están avaluadas en más de 700 mil pesos–, sino que además sustrajo un notebook que pertenecía al municipio de Cabo de Hornos.