El informe “Nuestro Futuro Común” definió desarrollo sustentable como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Desarrollo que genere mejores condiciones de vida y cuide el medio ambiente. Chile ha avanzado hacia este concepto en los últimos 30 años con políticas públicas, legislación e institucionalidad que regulen el desarrollo económico con la finalidad de proteger el medio ambiente y generar empleos que aporten a la equidad social. Sin embargo, a todas vistas, lo obrado aún es insuficiente ya que al parecer no todos se sienten participes del proceso o que sus derechos son garantizados. La presencia de la industria salmonera en Magallanes puede ser un ejemplo de la necesidad de incorporar nuevas exigencias y garantías al proceso de evaluación y fiscalización de iniciativas productivas que consideren mayor participación, decisiones territoriales y transparencia en la información.

La industria salmonera de Magallanes ha vuelto a ser foco de cuestionamiento producto de una serie de infracciones. Una historia que cada cierto tiempo es reiterativa. Los cuestionamientos comenzaron en el Consejo Regional y provocaron dos moratorias a la industria salmonera en los últimos 15 años. Se suma a ello que, hace unos años, el diputado Boric y la senadora Goic proponían iniciativas legales que apuntaban al congelamiento o erradicación de la industria en Magallanes. Este año el gobernador Flies proponía congelar las concesiones (a pesar de no tener competencias en ese ámbito). Por otro lado, las organizaciones Greenpeace, AIDA y FIMA han denunciado incansablemente irregularidades en la industria y abogan por su erradicación de los mares australes. Por último, algunas comunidades kawésqar y yaganes se han manifestado en contra de la presencia de esta industria en su maritorio. Una industria cuestionada desde distintos enfoques y demandas.

Según los distractores de la industria, los proyectos son aprobados sin una evaluación rigurosa por parte de los servicios públicos a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo cual provocaría que no existan garantías mínimas para la protección del ambiente marino, llevando a condiciones anóxicas al fondo marino por acumulación de alimento o la alteración del ecosistema producto del uso excesivo de antibióticos o la liberación de peces. En contrapartida, los partidarios de la industria aducen que, en términos ambientales, a diferencia de otras regiones, en Magallanes prácticamente operan sin antibióticos y que voluntariamente han adoptado modelos oceanográficos que evalúan el máximo permitido para la adecuada dispersión de sedimentos desde el fondo marino. En términos de desarrollo, indican que emplean cerca de 3.500 personas y la contratación de un gran número de servicios y proveedores locales, dinamizando la economía y representando cerca del 25% del PIB regional.

A parte de las faltas graves y gravísimas a las resoluciones de calificación ambiental, últimamente el foco ha estado puesto a la posibilidad de relocalización de centros desde el Parque D’Agostini a la Reserva Kawésqar. Ello nos recuerda tareas pendientes de ordenamiento territorial y consulta indígena asociadas al borde costero, que los dos últimos gobiernos han evadido. Hacerse cargo de mejorar la industria salmonera en términos de medio ambiente, fiscalización, participación e información es una tarea urgente que deben asumir todos los actores de la sociedad, especialmente en una región que requiere autoabastecimiento alimentario (una lección de la pandemia). A favor o en contra, se debe asumir que es una industria que llegó para quedarse.