El mes pasado sesionó la Comisión de Libertades Condicionales de Punta Arenas. El grupo –presidido por la presidenta de la Corte de Apelaciones, ministra Marta Jimena Pinto, e integrado por jueces del tribunal oral y de garantía– entregó 10 beneficios penitenciarios de las 57 solicitudes revisadas.
Los reos pudieron abandonar la cárcel por tener un buen comportamiento penitenciario, un informe de Gendarmería favorable y tener más de la mitad de la pena cumplida, entre otros requisitos.
En el caso de 10 internos que no pudieron acceder al beneficio, la Defensoría Penal Pública (DPP) presentó un recurso de amparo por cada uno de ellos para que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas pueda revisar su situación.
Los amparados cumplen condena por violación, abuso sexual y robo, entre otros. Los recursos de la DPP argumentan que los rechazos de la comisión fueron arbitrarios e ilegales, pues han tenido una favorable evolución en los recintos penales.
Un amparado por homicidio
Uno de ellos está recluido por homicidio simple y lesiones menos graves. La fecha de término de su condena está fijada para el 2025. A mediados de octubre se revisó su solicitud a la libertad condicional, pero se rechazó por el informe técnico de Gendarmería.
“El postulante presenta un riesgo alto de reincidencia, múltiples delitos contra la autoridad, contra las personas, integridad sexual y salud pública. No presenta conciencia del delito, minimiza su actuar y rechaza el daño causado”, decidió la comisión.
Según la Defensoría, los informes de Gendarmería son solo un instrumento orientador. Además el reo “ha conseguido significativos avances en su proceso de reinserción”, como cursos de especialización e incluso un emprendimiento de madera que tiene el apoyo de Fosis.