La recurrente se radicó en Magallanes gracias a la visa de responsabilidad democrática, un permiso que entrega la residencia por un año a los ciudadanos venezolanos que tengan familiares en Chile.

Ya en territorio nacional, el 20 de mayo del 2020 solicitó el beneficio migratorio de la permanencia definitiva. Casi un año después le respondió el Estado. Le informaron que su petición estaba incompleta, ya que el certificado de vigencia del contrato no contaba con la autorización notarial.

La inmigrante envió una nueva solicitud tres días después con el error corregido, pero no la volvieron a notificar.

“Hasta la fecha no ha recibido ninguna comunicación por parte de Extranjería, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre”, dice el recurso patrocinado por el abogado Pablo Peñaloza.

La acción –que se presentó ante la Corte de Apelaciones el 10 de enero– se resolvió este martes. La sala compuesta por las ministras María Isabel San Martín, Paola Oltra y Luis Álvarez resolvió por unanimidad acoger el recurso de protección.

“Queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, de economía procedimental e inexcusabilidad”, dice el fallo.

La Corte no puede resolver sobre el proceso de regularización de la inmigrante, pero sí estableció plazos para que obtenga una respuesta respecto a su solicitud de residencia definitiva. Una vez que sea notificada de la sentencia, Extranjería tendrá treinta días contados para que se pronuncie.