A dos días de asumir como Presidente de la República, Gabriel Boric debió designar a cuatro nuevos delegados presidenciales provinciales, debido a que los que se habían nombrado anteriormente desistieron de asumir o fueron criticados por diversos temas.

Las provincias en las cuales tuvieron que cambiar son Maipo, Biobío, Arauco y Última Esperanza.

En esta última provincia, que pertenece a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, Juan Díaz Bahamonde había sido designado hace solo una semana, pero fue fuertemente criticado por agrupaciones feminista de Puerto Natales, quienes mediante un comunicado señalaron que “Santiago no es Chile y Punta Arenas no es Magallanes”,

En dicho comunicado manifestaban que el nombramiento del delegado presidencial provincial de Última Esperanza del Gobierno de Gabriel Boric lo rechazaban tajantemente y lo catalogaron de un insulto y una falta a las promesas de descentralizar el poder. En el escrito, el movimiento expresó que “la primera variante a considerar en la aplicación de descentralización del poder es que quien sea designado habite en el territorio. Es importante que la persona designada sea parte de la comunidad y conozca nuestra realidad, vecindarios y problemáticas, reconociendo nuestro constante movimiento y diversidades”.

Dicha mirada al nombramiento estaría asociada a que, al tratarse de una persona que no pertenezca y no viva en la zona, “nos observará como meros objetos de los que no se considera parte, perpetuando así una ejecución patriarcal del poder”, señalaron.

Dichas críticas habrían llegado al Presidente electo, junto a la de los otros tres delegados designados, y es por aquello que finalmente deciden nombrar nuevos delegados provinciales.

En Última Esperanza se nombró a Romina Álvarez, militante del Partido Radical.

Álvarez es sicóloga con amplia experiencia en el sector público. Se ha desempeñado en programas de apoyo sicosocial del Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional de la Mujer (hoy Ministerio de la Mujer y Equidad de Género), vinculados a la Gobernación Regional de Puerto Natales y la Municipalidad de Punta Arenas.