El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró admisible una querella criminal tras el brutal ataque con arma blanca que dejó a un interno —cuyo nombre se reserva por su condición de víctima— bajo riesgo vital en el Hospital Clínico de Magallanes. La acción judicial apunta al recluso Jhon Charrier de Sousa como autor de homicidio frustrado, pero además acusa penalmente, en calidad de autores por omisión, al alcaide Edgardo Pérez Casanova, al jefe del Régimen Interno Freddy Meza Morales y al jefe Operativo José Ilufi Sennas.

De acuerdo con la denuncia del abogado patrocinante, Pablo Chandía, la agresión fue advertida en tiempo real por el personal de guardia gracias a los gritos de los demás internos del módulo, pese a lo cual los funcionarios no intervinieron de forma inmediata para frenar el ataque. La gravedad de la omisión institucional se incrementó luego de que la jefatura intentara justificar la falta de registros ante la familia del afectado bajo el pretexto de que los sistemas de vigilancia no estaban operativos.

"Se le dijo a una de las familiares de la víctima de que las cámaras estaban apagadas. Entonces obviamente esa circunstancia supone necesariamente un actuar negligente", fustigó el litigante, quien acusa una maniobra para eludir la responsabilidad legal de custodia.

Tortura institucional

El libelo también persigue el delito de tortura debido a los tratos crueles impuestos al afectado tras recibir el alta médica, momento en que fue trasladado de forma imprevista a un módulo de alta peligrosidad y castigado con la pérdida de sus encomiendas, mientras que su agresor continuó sin modificaciones en su celda de origen.

"Hoy por hoy se está protegiendo a quien lo acometió y no a él", concluyó Chandía, confirmando que ya solicitó la intervención urgente de la unidad psiquiátrica forense del hospital para frenar el severo deterioro de la salud mental de la víctima.