El 21 de abril el Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó que dos internos sean enviados a la cárcel de Valdivia, mientras que los otros sean trasladados a Puerto Montt.

Los reos cumplen prisión preventiva por su presunta participación en la “Operación Confederación”, un procedimiento de la PDI que concluyó con la mayor incautación de sustancias ilícitas en la historia de Magallanes.

El tribunal resolvió a partir de una solicitud de Gendarmería. Según una investigación interna, los imputados planificaban una fuga con armamento. Los artefactos habrían sido facilitados a través de un dron manejado por terceras personas desde el medio libre.

El 8 de abril los gendarmes allanaron el módulo C para revisar el ducto de ventilación que se ubica entre dos celdas 17 y 18. Constataron que las medidas de protección y las tuberías de desagüe que conducían al techo fueron removidas.

El espacio intervenido permitía acceder al entretecho. Arriba se ocultaban cinco antorchas artesanales, elementos contundentes, armas blancas artesanales y un alambre galvanizado de 40 metros.

La defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para evitar el traslado. Alegan que la resolución es ilegal por atentar contra la presunción de inocencia: “Gendarmería arriba a su convicción únicamente por presumir la participación en los ilícitos por los que están en prisión preventiva”, dice la acción.

El recurso indica que los internos no registran faltas en el reglamento penitenciario y que los daños del ducto de ventilación los habría producido otro interno. También señalan que quienes fueron sorprendidos recibiendo elementos prohibidos a través de un dron fueron otros reos.