Durante esta semana, la comisión de Normas Transitorias de la Convención votó favorablemente una serie de normas relativas a la forma en que entraría en vigencia la Nueva Constitución en caso de ser aprobada. Particular preocupación ha suscitado una disposición que establece el quórum de 2/3 para las reformas a la Carta Magna en el período legislativo actual y hasta 2026. Lamentablemente existen bastantes motivos para estar preocupados, ya que la Nueva Constitución estaría recurriendo a enclaves autoritarios que se pretendían dejar atrás.

En política es posible señalar que quien concentra el poder sin contrapesos tiende a usarlo en su beneficio. Y cuando un sector concentra el poder de decisión sobre el diseño de instituciones políticas existen incentivos para establecer reglas que favorezcan su posición en el futuro. Esto ocurrió, por ejemplo, con la Constitución del 80. Los autores de dicha constitución, conscientes de que en el futuro podrían no tener mayoría, decidieron dificultar los cambios para que la política se jugara en un solo lado de la cancha. Para dicho efecto, entre otros, se creó la figura de los Senadores Designados, los cuales beneficiaban a un sector político determinado. Con la misma finalidad se establecieron quórums muy altos que dificultaran los cambios políticos (3/5 y 2/3, dependiendo de la materia). En base a esto, algunos denominaron a este sistema como “democracia protegida”. En 2005, muchos aspectos autoritarios de la Constitución de 80 fueron reformados, incluidos los Senadores Designados, lo que llevó al presidente Lagos a señalar que se trataba de una “Nueva Constitución”. Sin embargo, un aspecto que no logró ser modificado fueron los altos quórums requeridos para modificar la Constitución. A la postre, esto le impidió a la Constitución del 80 tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios, siendo uno de los motivos que terminó por quebrarla en 2019.

Pues bien, algo similar estaría sucediendo con la Nueva Constitución. No existe duda de que hoy la Convención está dominada por un sector -la izquierda- y que dicho sector no tiene contrapeso político, toda vez que cuenta con votos suficientes para aprobar disposiciones sin necesidad de buscar apoyo en grupos que hoy son circunstancialmente minoría -la derecha-. En este contexto, es posible que los convencionales de izquierda, que desconocen si podrán replicar su actual mayoría en el futuro, hayan pensado que la creación de un distrito para los pueblos originarios, que asegura a dichas etnias cerca de un 12% del Congreso, podría serles útil en el futuro. Esto, considerando que en la elección de convencionales todos los escaños reservados fueron totalmente favorables a la izquierda. En otras palabras, la regla de los escaños reservados muy probablemente beneficiará a un sector político -la izquierda- y en esto existe una semejanza evidente con los objetivos perseguidos por la figura de los Senadores Designados de la Constitución del 80. Sin embargo, como los escaños reservados empezarían a regir solo en 2026, había que buscar una forma para blindar a la Constitución para que en el intertanto no pueda ser modificada ¿La fórmula? El quórum de 2/3 que regiría hasta el 2026, votado favorablemente esta semana por la referida comisión.

Algunos convencionales han defendido con fuerza esta idea. Particular atención han suscitado las declaraciones del convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, quien en su libro “La Constitución Tramposa” denunciaba los altos quórum como uno de los cerrojos que impedía el debate democrático. El convencional Atria señaló en Twitter respecto a la polémica norma que ataría de manos al Congreso, que: “no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la NC, si es razonable esperar que la tengan”. Vale decir, se pretende proteger la Nueva Constitución del Congreso, órgano de representación democrática por excelencia, en lo que bien se podría calificar como una versión 2.0 de la “democracia protegida”.

La próxima semana, el pleno de la Convención deberá decidir si esta norma prospera o no. En caso de ratificarse, la Convención le pondrá candado a una Constitución que favorece a un sector político por sobre otro, replicando de alguna forma varios de los defectos de la Constitución del 80, y demostrando una vez más los intrincados pero predecibles efectos del poder.