Una situación insólita vive una contadora que adquirió una casa en el centro de Punta Arenas. Aunque los dominios están a su nombre, no ha podido vivir en el lugar porque se mantendría ocupada por el antiguo propietario, quien ocupa la vivienda como hostal.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el imputado perdió la propiedad del inmueble ubicado en Armando Sanhueza con Mejicana a través de un remate adjudicado por el Banco de Chile. Luego, la entidad bancaria celebró un contrato de compraventa con la víctima por 4.680 UF (cerca de 150 millones de pesos).

La flamante dueña concurrió a su inmueble el 13 de septiembre de 2021. En el lugar había cuatro habitaciones destinadas a los huéspedes, mientras que la cocina se habilitó como espacio comunitario. “Por favor, dejar limpio”, decía un letrero. Incluso conoció a una de las hospedadas, quien estaba de visita en Punta Arenas por asuntos médicos.

Con el tiempo, la víctima descubrió que el antiguo dueño publicaba su casa a través de Airbnb, una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos. Cobraba 25 mil pesos por noche y administraba el hostal con la ayuda de otros dos moradores.

Ante la negativa del antiguo dueño de entregar la vivienda, la víctima decidió interponer una querella por usurpación.

“A sabiendas de haber cesado en su calidad de propietario del bien, sigue manteniendo un comportamiento de amo y señor de esta, administrando y disponiendo la utilización de la propiedad como hostal, en colaboración y asociación con otras dos personas”, dice la querella.

La afectada también inició causas civiles, pero no tuvo éxito. Los receptores judiciales habrían intentado notificar en seis oportunidades a los moradores sin obtener resultados positivos.

Formalización

Los hechos tomaron ribetes policiales. Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI llamó a declarar a la víctima y recabó boletas de consumos básicos y documentos notariales.

Tras obtener los antecedentes suficientes, el Ministerio Público formalizó ayer al imputado por usurpación. Solicitaron al tribunal que impusiera el arraigo regional y la obligación de abandonar el inmueble.

La defensa se opuso a cualquier medida cautelar, pues correspondían una sentencia anticipada. Argumentaron que las deudas previas del imputado provocaron el remate que concluyó con el contrato suscrito entre el Banco de Chile y la víctima.

El tribunal decidió no imponer cautelares por considerar que aún no había antecedentes para dar por acreditado un delito de usurpación. Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.