Un total de 253 licitaciones por $128 mil millones del sector construcción han sido declaradas desiertas o revocadas en Mercado Público, entre enero de 2020 y julio 2022.

Así lo informó ayer la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) delegación Punta Arenas, la cual considera como mandantes al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, las municipalidades, Junji, Armada de Chile, Hospital Clínico y la Universidad de Magallanes.

De estas, 51 son obras “grandes”, es decir, de más de $300 millones, que en conjunto significan $112.859 millones.

De las 253 licitaciones, 196 no tuvieron oferentes y 57 sí tuvieron oferentes, pero están fuera de base (presupuesto elevado, no cumple con los requisitos de licitación, documentación, plazos, etc.).

Carlos Braun, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas, explicó que “hemos visto alzas en los precios de materiales como el hormigón, petróleo, hierro, acero, madera y otros productos metálicos, los cuales han experimentado alzas anuales que van entre un 35% y 40%. Dependiendo del tipo de obra, estos insumos pueden representar entre el 50% y 60% de los costos totales y una variación promedio del 20% del costo global del contrato”.

Agregó que “una parte muy sustantiva de las obras en ejecución corresponde a obras, viviendas e infraestructura públicas que son parte de las carteras de organismos públicos. Y en este caso se evidencia una particularidad que ha hecho las cosas más complejas para este sector: como se trata de contratos encomendados y licitados por entidades estatales, los que no pueden ser reajustados por parte de la autoridad bajo la normativa actual”.

Agregó que “la rigidez del marco normativo en que se celebran estos contratos (con mandantes como el MOP, el Minvu, el Ministerio de Educación, de Salud, gobiernos regionales y municipios) ha impedido hacer propuestas concretas para abordar el aumento de costos en las obras de construcción”.

Según explicó: “Este impedimento de reajuste está significando serias dificultades para muchas empresas contratistas cuyo principal mandante es el Estado. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas que están experimentando serios problemas de caja. Además, muchas obras necesarias para mejorar la infraestructura al servicio de las personas y los ciudadanos están siendo suspendidas o postergadas. Esta situación provoca también una baja en la cantidad de empleos que genera nuestro sector”.

Braun afirmó que “se trata de una circunstancia totalmente excepcional y única que requiere una habilitación legal igualmente única y excepcional. En vista de que no sería posible considerar un reajuste de los contratos vigentes por vía administrativa, vemos que sería inevitable considerar algún tipo de modificación legal para enfrentar la situación. Insistimos en que se trata de una posible solución excepcional para una circunstancia igualmente excepcional. En otros países como España, Francia, Irlanda, Alemania, Inglaterra e Italia se ha considerado modificaciones contractuales similares para hacer frente a una circunstancia equivalente”.

Agregó que han sostenido intensas reuniones con autoridades regionales (Minvu, MOP), el municipio de Punta Arenas y todos los parlamentarios regionales, a quienes les han planteando esta situación y propuestas para resolverlo. “Todas las autoridades nombradas nos indicaron que se trabajaría en ajustar los presupuestos a la nueva realidad, y esperamos que pronto podamos ver implementada una solución como la del reajuste extraordinario, dado que el principal problema se encuentra en los nuevos proyectos”.