En las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se ha concentrado por más de 30 años la producción acuícola, en especial la salmonicultura, como una actividad económica importante con unas 1.388 concesiones otorgadas y más de 200 en trámite. Coincidentemente con ello, dichas regiones concentran la mayor superficie de áreas protegidas a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), alcanzando un 91% del territorio bajo parque nacional.

En este contexto, vemos con preocupación la noticia de la tramitación del proyecto de Ley SBAP, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la operación de concesiones industriales dentro de áreas protegidas.

Esta decisión es contradictoria con uno de los objetivos principales del proyecto de ley: dar mayor protección al sistema de áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad. Tampoco se estaría respetando la “Convención de Washington”, Tratado Internacional (TI) al cual Chile se suscribió y ratificó en 1967, en el cual se establece la protección de los parques y reservas nacionales. La constitución vigente obliga a respetar los TI, por lo tanto no puede imponerse una Ley por sobre uno de ellos.

Además, a fines del 2021 un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de modificación a la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura, cuyo objetivo es excluir la actividad de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas, proyecto que fue apoyado por más de 60 organizaciones y comunidades ligadas a la protección del medioambiente.

Sin duda, las floraciones de algas nocivas como la ocurrida en el fiordo Comau el año pasado, producto, entre otras, de la mortandad de más de 2.700 toneladas de salmones y la presencia de especies invasoras, como la anémona Metridium senile en la zona de Carelmapu, ponen en riesgo la permanencia o existencia de recursos de interés para la pesca artesanal, como los erizos de mar y los mitílidos. Un estudio reciente de Häussermann, Molinet, Díaz y Försterra muestra con claros ejemplos, el daño que estas actividades provocan en nuestros océanos, al ser eventos que suponen una amenaza a la permanencia de los recursos.

Fortalecer nuestras acciones encaminadas a revertir la pérdida de biodiversidad es un objetivo necesario para asegurar un planeta saludable y al mismo tiempo una industria con mejores perspectivas en un horizonte de largo plazo. Diversos estudios sugieren que, si se mitigan las presiones a las que se ven sometidos los océanos, una recuperación importante de la vida marina podría lograrse para el 2050. Es evidente en este sentido que conservar, aumentar nuestro sentido de responsabilidad y restaurar la vida marina representa una obligación ética para la humanidad.