Las empresas aéreas están sujetas a un Plan de Autorregulación Tarifaria, tras la fusiones en las que ha participado con otras aerolíneas. Por lo anterior, es que la parlamentaria por Magallanes Javiera Morales ofició a la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) para pedir que informe si Latam cumple o no la normativa tarifaria, tras el alza injustificada de los pasajes aéreos durante en 2022.

La diputada dijo que “seguimos avanzando para encontrar una solución al alza de los vuelos entre Santiago y Punta Arenas. Es por eso, que hemos oficiado a la JAC para que nos informe si Latam está cumpliendo con la regulación tarifaria. No es posible que se les cobre lo que quieran a los y las magallánicas”.

En específico, el oficio al organismo solicita que la JAC informe si Latam ha respetado el Plan de Autorregulación Tarifaria adscrito en diferentes fusiones que ha tenido la empresa con otras aerolíneas. Según registro de las y los usuarios, en septiembre de 2022, un boleto superó el millón de pesos y las últimas cotizaciones para el mes de diciembre sobrepasaron los $200 mil.

Además del oficio enviado a la JAC, la diputada espera reunirse con la entidad para revisar la normativa. “No es posible que se les cobre lo que quieran a los y las magallánicas. Esperamos una pronta respuesta y que nos puedan recibir para poder conversar con ellos de qué manera enfrentar el alza indiscriminada de los pasajes aéreos”, agregó.

Recordemos que la parlamentaria Javiera Morales junto a ocho consejeros regionales presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica para que investigue si existe un presunto abuso de posición dominante por parte de Latam en el mercado de las aerolíneas. La diputada se reunió con el Fiscal Nacional Económico quien fue el que sugirió acudir a la JAC para evaluar su rol en este tramo aéreo.

Actualmente, la denuncia fue acogida por la entidad y hoy se encuentra en análisis de admisibilidad para establecer si la solicitud tiene los argumentos suficientes para dar inicio o no a una indagatoria sobre el tema. Si se aprueba, la indagatoria podría demorar hasta dos años, por lo que se ha acudido, en paralelo, a otros organismos para avanzar en la solución al alza de precios.