El Juzgado de Garantía de Punta Arenas entregó recientemente un veredicto condenatorio que ha dejado un sabor amargo en la comunidad y, especialmente, en el entorno de la víctima.

Un adolescente de 17 años fue hallado culpable de un delito de femicidio frustrado, tras un brutal ataque ocurrido en agosto de 2024 en una multicancha de la Población Silva Henríquez. La víctima, una mujer trans, fue atacada con tal saña que quedó en riesgo vital, una situación que, según los antecedentes, fue motivada por prejuicios de género que la justicia, sin embargo, ha canalizado a través de un procedimiento abreviado.

En ocasiones, este tipo de salidas judiciales, donde las partes acuerdan los términos del juicio para evitar una instancia oral más prolongada, suelen, a los ojos de las víctimas y sus familiares, generar una sensación de desconexión entre la gravedad de los hechos y la respuesta estatal.

En este caso, la sanción alcanza los cuatro años y siete meses, pero su cumplimiento está lejos de la reclusión efectiva que muchos sectores de la sociedad civil demandan ante actos de tal violencia.

El abogado especializado en la defensa de casos de Responsabilidad Penal Adolescente, Paulo González, detalló la naturaleza del acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.

“Se llegó a un acuerdo de una pena que en total correspondería a cuatro años y siete meses de sanción, dividida en dos tipos de sanciones: una que es de régimen semicerrado, hoy día libertad asistida especial con internación parcial por 19 meses, y otros tres años de libertad asistida especial”, explicó el defensor González, subrayando que se tomaron en cuenta la falta de antecedentes previos del joven y su reconocimiento de los hechos.

El vacío de la ley

A pesar de la condena, el relato de la familia de la víctima pone en evidencia una realidad preocupante: la aparente invulnerabilidad de los agresores adolescentes frente a un sistema diseñado primordialmente para su protección y reinserción.

Bárbara Valdés, madre de la joven atacada -quien falleció en 2025 debido a complicaciones de salud previas, aunque no directamente ligadas a las heridas del ataque-, ha manifestado su desazón ante lo que considera un sistema que “lo tiene todo mal”.

Para Valdés, el hecho de que el tribunal no haya calificado la agresión formalmente como un “ataque de odio” o bajo agravantes de transfobia explícita, debilita el mensaje que la justicia debería enviar a la sociedad.

La madre enfatizó que las múltiples puñaladas recibidas por su hija en el tórax, pulmón y cabeza demuestran una intención de matar que no se condice con la flexibilidad de las penas asignadas.

“Yo no tengo ninguna seguridad con que él ande en la calle solo, porque yo no sé en qué momento él pueda atacar a cualquier niño de su edad o no de su edad. La verdad es que encuentro que está todo mal hecho. No se tomó en cuenta que él sea transfóbico u homofóbico, sino solamente se tomó como atenuante que la mamá lo había entregado”, señaló Bárbara Valdés con evidente frustración.

Violencia juvenil en ascenso

El caso de Punta Arenas es un síntoma de una tendencia que preocupa a nivel nacional: el escalamiento de la violencia extrema protagonizada por adolescentes. Mientras el marco legal de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente busca evitar la estigmatización y promover la educación del joven, las víctimas y sus familias perciben que el equilibrio de la balanza se ha inclinado peligrosamente. La sutileza con la que el sistema protege al victimario menor de edad parece dejar en la desprotección a quienes sufren las consecuencias de sus actos, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables como la población trans.

La familia Valdés no pretende dar por cerrado el capítulo con este veredicto. Con la firme intención de recurrir a tribunales de alzada, esperan que la sentencia definitiva, que se conocerá en los próximos días, pueda ser apelada para buscar una justicia que no solo castigue, sino que reconozca el trasfondo de odio que rodeó este violento episodio.