Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que debe hacernos reflexionar como sociedad y también llevar estos pensamientos a la acción. En el sistema de educación superior chileno hemos tenido grandes brechas, que gracias a la tenacidad y compromiso de tantas personas se ha reducido, aun cuando queda mucho por hacer.

El 15 de septiembre de 2022 comenzó a regir la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior y establece que las instituciones están obligadas a adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos actos, y proteger y reparar a las víctimas, lo que da garantías a las comunidades educacionales. Un avance sin duda.

En la Universidad de Magallanes hemos trabajado arduamente para dar cumplimiento a lo que nos exige esta normativa, pero también en ir más allá de los aspectos obligatorios. Ser la única universidad estatal en la zona conlleva una responsabilidad social con el territorio, toda vez que es un referente en la formación y desarrollo de la región.

En virtud de la Ley 21.369 la Universidad de Magallanes desarrolló e implementó una Política Integral que contiene un modelo de prevención y otro de investigación y sanción. Los principios rectores que orientan esta política integral son: la confidencialidad, respeto, responsabilidad y la no revictimización.

El primero incorpora actividades de sensibilización y capacitación para la comunidad universitaria, que integra contenidos de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Por otra parte, el segundo modelo establece procedimientos especiales de denuncia, investigación y sanción, y la definición de órganos con competencia especial para llevar a cabo estos procesos y medidas dirigidas para proteger a las víctimas, entre otras.

En el marco de esta ley, y más allá de ella, la UMAG adoptará todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, junto con proteger y acompañar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo, en particular, las relaciones igualitarias de género lo que debe materializarse a través de la normativa que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad.

Este es un trabajo que comenzó hace ya varios años, durante 2018 se conformó la Unidad de Prevención y Acompañamiento en materias de acoso, violencia y discriminación y, posteriormente, en abril de 2019, se creó la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, la cual tiene como objetivo principal transversalizar la perspectiva de género en las áreas de docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio.

Además, se conformó una Comisión Triestamental que trabajó en la elaboración del “Protocolo para prevenir y enfrentar situaciones de violencia de género, acoso, hostigamiento y discriminación”, oficializado en enero de 2020 y actualizado en agosto de 2022. Dicha Comisión dió origen al actual Comité Asesor en temáticas de Género, integrado por personas de los tres estamentos, con el objetivo principal de elaborar la propuesta de la Política de igualdad de Género y diversidades sexo-genéricas de la Universidad de Magallanes. Con fecha 01 de mayo de 2022 se creó la Fiscalía de Género.

Esta nueva institucionalidad universitaria viene a dar respuesta a las necesidades de cambio en las instituciones de educación superior en materias relativas a la igualdad de género y a establecer un plan de trabajo concreto que contempla diferentes acciones conducentes a lograr generar espacios con igualdad sustantiva y libres de violencia de género.

Más allá de las disposiciones que cada universidad ha adoptado para cumplir la ley, me parece necesario hacer un punto en relación con la pertinencia de que cada institución establezca sanciones propias para un mismo hecho. Es decir, un mismo acto puede ser sancionado con la destitución de una persona en una casa de estudios mientras que en otra ese mismo hecho puede tener como consecuencia una sanción administrativa. Creo que las universidades del Estado, al menos, deberíamos avanzar en una normativa común que permita unificar criterios y establecer una escala común de sanciones para este tipo de situaciones que sin duda deben ser erradicadas del sistema educativo y del país. Mejor incluso sería que todas las instituciones de educación superior pudieran tener un criterio común.