Ayer fue el primero de 14 días del juicio en contra de Jaime Tomás Cabrera Almendra, a quien se le imputa el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, en calidad de reiterado.

Las víctimas serían ocho personas mayores de edad de nacionalidad haitiana, cuyos nombres son Mickenson Celestin, Israel Jean Baptiste, Wisnor Vital, Vibradege Vergilas, Charles Hobert Benoit, Jordany Pierre, Sherlo Clermanceau y Jonas Georges.

La acusación indica que para los primeros días de enero de 2018, los haitianos son trasladados por vía área desde la ciudad de Santiago hasta Punta Arenas, a orden del imputado, por Jameson Sant Fort, ciudadano haitiano, quien se encargó de captar trabajadores de dicha nacionalidad necesitados de regularizar su situación migratoria en Chile, el imputado lo contactó, a fin de ser llevados finalmente hasta Puerto Natales, para que trabajaran y prestaran servicios para él, previa compra de pasajes aéreos.

En Punta Arenas, las víctimas fueron recibidas y trasladadas por el imputado hasta Puerto Natales. La acusación indica que el hombre en juicio, retiene sus pasaportes y les indica que la alimentación e indumentaria para trabajar serían descontadas del sueldo.

El imputado luego traslada a las víctimas al kilómetro 10 de Villa Renoval, el que no se encuentra urbanizado, pasándoles un recinto guarnecido sólo con material plástico, denominado comúnmente como “rancha”, en donde no hay conexión telefónica, ni internet, como tampoco servicios básicos de luz, calefacción, alcantarillado y locomoción a Puerto Natales. La acusación dice que estas condiciones obligaban a las víctimas a mantenerse aislados, asearse y realizar sus necesidades básicas a campo abierto, bañándose y lavándose en las frías aguas de un riachuelo.

De esta forma, aparentemente, las víctimas debían ejercer el trabajo de recolección de turba y almacenarlos en sacos cuya cuota mínima para recibir el pago era de 30 unidades. No contaban con la indumentaria necesaria, tampoco ropa de abrigo suficiente. La acusación asegura que los haitianos recibían $500 pesos chilenos por cada saco, a diferencia de los trabajadores chilenos (entre $700 y $1000). Las víctimas estaban presionadas a producir puesto que, en caso contrario, no se les haría contrato, y por tanto, serían expulsadas del país.

Considerando las condiciones antes mencionadas, se dice que la jornada laboral comenzaba a las 7.00 AM y finalizaba a las 20.00 horas, sin descanso intermedio y de lunes a domingos, sin tener días libres, cuando el clima lo permitía. Estos trabajadores dormían en el lugar, donde se dijo que había una choza plástica, haciendo que queden expuestos al frío y condiciones insalubres, debido a las condiciones antes expuestas.

Dados los descuentos que les hacía el empleador, por concepto de fotocopias, fotografías, zapatos de trabajo, comida no perecible, y el propio traslado de todos ellos desde Santiago a Puerto Natales, quedándoles finalmente una suma de dinero por remuneración, muy ínfima a lo esperado por las víctimas.

El 1 de febrero de 2018 los haitianos firmaron un contrato con Joseth Contreras Agüero, exconviviente del imputado, quien figura como representante legal de la empresa del mismo nombre. El documento se encontraba en idioma castellano, la acusación dice que las víctimas no lo entendieron, pues solo hablan el idioma creole, pero igualmente lo firmaron porque necesitaban tramitar su visa de trabajo.

El 15 de marzo de 2018, el imputado les hizo firmar un finiquito y otros documentos que estaban escritos en castellano, no recibiendo pago alguno por las labores realizadas. El término de la relación laboral se produjo puesto que las condiciones climáticas hacían imposible que los ciudadanos haitianos siguieran trabajando, lo que los obligó a pedir ayuda, denunciando su situación con la colaboración de una tercera persona.

En la audiencia estuvo presente el imputado, quien respondió las preguntas de los intervinientes, algunas de sus declaraciones apuntaban a que las víctimas sí entendían el castellano, asegurando que conversó en muchas ocasiones con ellos, también dijo que se entregó indumentaria suficiente para realizar su trabajo y pernoctar en el lugar.

En la acusación, el Ministerio Público solicita que se dicte la pena de 10 años de cárcel.