Un acuerdo entre el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el representante de la víctima permitió que la causa concluyese en un juicio abreviado. Los indonesios aceptaron su responsabilidad en los hechos y el tribunal los condenó por violación.

Ambos fueron sentenciados a tres años de cárcel, con un modo de cumplimiento distinto para cada uno. El autor del delito pagará de manera efectiva en la cárcel de Punta Arenas, mientras que al cómplice se le sustituyó la pena por la deportación a Indonesia.

Al respecto, la defensora regional de Magallanes, Verónica Reyes, confirmó que uno de los indonesios fue expulsado del país. En cambio, el sujeto que perpetró el delito recibió el beneficio de la libertad condicional, tiempo en que se ha mantenido en la región, no obstante, la pena de tres años ya fue cumplida y ahora será expulsado, según dijo la autoridad regional.

“En ese contexto procede lo que se denomina la expulsión de tipo administrativo, que es la que se solicita al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, para expulsar a las personas que están de forma ilegal o bien han cometido algún delito en el país”, dijo Verónica Reyes.