Un equipo de docentes de la Universidad de Magallanes (UMAG) trabajará en las disposiciones del Decreto Supremo N° 518 (de 1998, del Ministerio de Justicia), que hace 25 años otorgó vigencia como cuerpo normativo al actual Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

Lo anterior, es ante la necesidad de actualizar las normas que regulan el régimen al interior de los recintos penitenciarios, para incorporar un enfoque de derechos y de género en la política penitenciaria, y así favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.

En el marco de dicho proceso participativo, se realizó esta semana una reunión de coordinación en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia con profesionales de la UMAG, la seremi del ramo, Michelle Peutat Alvarado, y el director regional de Gendarmería, coronel Dan Toro Arévalo. En la oportunidad, se abordaron aspectos de este trabajo multidisciplinario a cargo de la universidad regional, como institución asignada para la realización de aquella tarea por el Ministerio de Justicia y DD.HH., y cuyo levantamiento también le corresponde realizar en la Región de Aysén.

Ramón Mayorga McDonald, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UMAG, indicó que para efectos de materializar este proceso participativo y de consulta, contempla una serie de talleres con personas privadas de libertad que pertenecen a grupos de especial protección: mujeres, personas migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.; y luego también de aquellas pertenecientes a los pueblos originarios, en el marco de una consulta indígena. El comité regional ya constituido ha sesionado con la seremi, director regional de Gendarmería y la UMAG, para efectos de implementar dicha metodología, cuyo inicio se proyecta entre fines de este mes e inicios de agosto.

Este semestre debería estar ejecutado el compromiso en cuanto a la realización de los talleres, y luego vendría una etapa de sistematización de la información y de transmitir los resultados de este quehacer, a efecto de que el ministerio disponga de toda la información necesaria para poder avanzar en este proceso de actualización del reglamento penitenciario.