El analista internacional Jorge Guzmán llamó ayer a sincerar la relación austral con Argentina.

Según explicó era previsible la molestia argentina por la publicación del nuevo mapa de los espacios marítimos de nuestro país y que se tradujo en el envío de una nota de protesta por parte de ese país.

Guzmán sostiene que la nota da cuenta de que “estamos en presencia de un diferendo limítrofe”, uno que advierte como “más complejo que aquel condujo a la crisis de 1978”.

Antecedentes

Guzmán sostiene que “como ocurre desde los padrones reales españoles del siglo XVI (elaborados para ilustrar el poderío del Imperio y facilitar su expansión), los mapas oficiales son artefactos potentes y poderosos, que ilustran voluntad de poder aplicada a la geografía. Y aunque -a diferencia de Argentina- la cartografía oficial chilena no es una especialidad de la casa, el Chile Tricontinental actualizado a 2023 sí refleja convencimiento y voluntad política. Ello, conforme con: primero, nuestra tradición más que centenaria de ocupación, control y uso permanente del espacio (comenzando por la milenaria habitación de nuestro pueblo marinero Yamana); segundo, la realidad de la corriente marina que caracteriza al Mar Austral Circumpolar (que fluye de Oeste a este), y; tercero, al Derecho Internacional contemporáneo. Estos y otros elementos afirman que el Chile Tricontinental 2023 se ajusta a lo correcto y legal”.

Agrega que “el derecho internacional permite que, en los años por venir, miles de kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo submarino se incorporen a ese mapa”.

“Argentina carece de una tradición austral-antártica de profundidad y contenido verificable equivalente a la chilena. Por ello, en sus pretensiones geopolíticas sobre la geografía al sur de las islas al sur del canal Beagle, históricamente intentó convertir las diferencias en cuestiones de diálogo político directo, para rehuir el inconveniente de comparar sus supuestos derechos ante un árbitro o un tribunal internacional”.

Por lo tanto, “sus actuales pretensiones entroncan directamente con su tesis pseudo jurídica prelaudo arbitral (incluido el redescubrimiento argentino del canal Beagle ochenta años después del capitán Fitzroy)”.

Gobierno argentino

Guzmán sostuvo que “en su actual dimensión, la nueva disputa el Mar Austral se origina en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de incluir en un muy ambicioso reclamo de plataforma continental (abril, 2009) una medialuna de territorio submarino que, a partir del pie del talud de Tierra del Fuego, por sesenta millas sobrevuela el martillo de la delimitación marítima del Tratado de Paz y Amistad (TPA), para reaparecer unos 20 kilómetros al sur del Punto F de dicho tratado. En 1984 se entendió que ese punto fijaba el confín inconmovible del límite con Chile”.

Aun así, dijo, el gobierno de Fernández afirmó que la Convemar podía aplicarse más allá de esa coordenada, pues esa Convención es una suerte de Constitución que gobierna el uso de todos los mares y océanos del planeta. Si esto es así, y dado que nuestro país también es Parte del mismo tratado multilateral, el Chile Tricontinental 2023 se ajusta al criterio argentino.

Recordó que Argentina sostiene que en 2009 Chile se limitó a efectuar una reserva general respecto de que no resultaba necesaria una delimitación expresa de la plataforma continental de 200 millas, cuestión que equivale a una concesión por omisión respecto de la medialuna submarina al sur de lo acordado en 1984.

Convemar

A ello agregó que tanto la Convemar como los lineamientos que regulan el trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCC) señalan que los países disponen de 10 años a partir de la entrada en aplicación de la norma (1999), y de otros diez años a partir de la presentación de los primeros datos y cartografía ad hoc (2009). Y aunque esto no es necesariamente así, convertirá la fórmula técnico-jurídica de la Cancillería chilena en un argumento político. Este es un subproducto de una política exterior que, por demasiado tiempo, privilegió la defensa de los océanos del planeta, antes que en la defensa del Mar Chileno.

“La cuestión austral y antártica adquirió prioridad en 2020, cuando la administración Piñera 2 rescató del loop legislativo un proyecto de Estatuto Antártico convirtiéndolo en ley (2020). Ese mismo año la Cancillería notificó a su par argentina que su proyección de plataforma continental desde Tierra del Fuego nos resultaba inoponible y, acto seguido, actualizó la carta marina que ilustra la proyección de la plataforma continental chilena más allá del Punto F del TPA. Esa cartografía incluyó los espacios de suelo y subsuelo marinos al Este y al Sureste de dicho último punto”.

Enseguida, indicó, “Chile entregó a la CLPC la primera parte de la proyección de plataforma de la Antártica Chilena más allá de las 200 millas (2022) que, en lo fundamental, se conecta con la proyección de la plataforma de las islas de cabo de Hornos y Diego Ramírez. Ese dibujo debe entenderse como la comprobación empírica (Derecho Internacional del Mar + geología marina) de que Chile es, como lo establece el Decreto Antártico del Presiente Aguirre Cerda (1940), una continuidad geográfica.Éste es el concepto legal, político y geopolítico que ilustra el Mapa de Chile Tricontinental 2023 que ameritó reclamo argentino”.