Resulta curiosa la preocupación que genera la idea de eliminar el pago de contribuciones en la Nueva Constitución en los mismos economistas que apoyaron el borrador anterior, que comprometía una cantidad enorme de derechos sociales sin indicar cómo serían pagados.

Dicen que esta medida sería “regresiva”, ya que las comunas de mayores ingresos serían las más beneficiadas, pero se omiten dos aspectos relevantes. El primero es que existen municipios de clase media donde un 20% o 30% de los hogares paga contribuciones, sin recibir una prestación acorde: sus calles se encuentran en pésimo estado, sus áreas verdes abandonadas o los sitios eriazos repletos de basura.

En segundo lugar, se omite que la actualización de avalúos fiscales ha sido postergada por razones políticas, para no aumentar el número de hogares que deben pagar contribuciones. Nada asegura que estos motivos políticos cambien en el futuro, y dadas las plusvalías observadas en comunas de clase populares y de clase media, una actualización objetiva de avalúos incorporaría una enorme cantidad de viviendas al pago de impuesto territorial.

Pero el factor más importante para eliminar el pago de contribuciones es la seguridad patrimonial de las familias. Luego de los retiros de pensiones - apoyados por todo el arco político- millones de hogares se han quedado sin plata para su jubilación. En este marco, y en un país que envejece a tasas aceleradas, garantizar que la “casa propia” será siempre propia, me parece una certeza, o un “derecho” si ud prefiere, absolutamente central, que trasciende por lejos el ámbito de una política pública sectorial.